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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Perú recibió este viernes una presentación elaborada por la CPM, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría Pública del Tribunal de Casación Penal
La provincia de Buenos Aires tiene 3.010 detenidos alojados en 432 comisarías, pero sólo 1039 de esos presos tienen camastros para descansar, según denunciaron hoy la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y otros organismos en el marco de la 163 audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Perú.
En el encuentro, la CPM, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría Pública del Tribunal de Casación Penal expusieron la crisis del sistema de encierro bonaerense y reclamaron a los Estados provincial y nacional que tomen medidas para disminuir el hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones inhumanas, la falta de acceso a la salud y los malos tratos y torturas.
Un comunicado, la CPM precisó que "hoy en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 40 mil personas privadas de libertad y el nivel de sobrepoblación llega al 100% si se toman los detenidos en comisarías, ya que en las 432 dependencias policiales hay 3.010 detenidos de los cuales sólo 1.039 tienen camastro".
"A su vez, más de 250 de estos establecimientos —alrededor del 70% del total— tienen algún tipo de inhabilitación por orden de la justicia o por decisión ministerial. No obstante eso, 1.798 personas se alojan en dichos lugares", detalló el parte de prensa, que da cuenta del informe presentado hoy, elaborado en base de registros producidos a partir de inspecciones periódicas en cárceles y comisarías, y denuncias de personas detenidas y familiares.
La presentación se centró en las cuestiones de hacinamiento y sobrepoblación, el régimen de vida y el estado de las instalaciones, las deficiencias en el acceso a la salud y las requisas vejatorias que afectan el contacto de los detenidos con sus familias, en instituciones atravesadas por la corrupción.
"Este conjunto de variables constituyen un marco de vulneraciones de derechos donde la tortura es una práctica sistemática y en el que no existe una protección judicial efectiva", destacó la CPM. Remarcó además que "la grave situación en comisarías es un correlato de lo que sucede en las 62 cárceles y alcaidías de la provincia, donde la tasa de encarcelamiento alcanza cifras históricas (234 cada 100.000 habitantes)". "A la sobrepoblación y el hacinamiento, se suman otras graves violaciones de los derechos humanos.
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Las denuncias por falta de acceso a la salud, las condiciones estructurales que producen padecimientos como hambre, frío, aislamiento y alimentación deficiente, forman parte de las denuncias habituales de las personas privadas de libertad", aseguró la entidad. Reconoció que "esta situación no es nueva, pero se agrava continuamente porque no se revierte la política criminal" y remarcó que "producto de todo esto es el elevado número de muertes, que promedian 130 por año en el sistema carcelario".
Además, según la Comisión, en las comisarías murieron por lo menos 43 personas en los últimos cinco años. Por todo esto, los tres organismos solicitaron a la CIDH que el Estado provincial tome las medidas necesarias para revertir la situación y reclamaron que se implemente en forma urgente un plan para hacer cesar el uso de las comisarías como lugares de detención prolongada y resuelva los niveles de hacinamiento actuales; promueva políticas efectivas de prevención de la tortura; prohíba expresamente el alojamiento en comisarías y evite regresiones.
La CPM afirmó que el Estado provincial reconoció la gravedad del problema, pero no ofreció soluciones concretas para el hacinamiento ni para prohibir el alojamiento en comisarías. Los integrantes de la CIDH compartieron la preocupación de los organismos y luego de ver las imágenes recopiladas en una recorrida por las comisarías y cárceles de la provincia realizada en junio, la comisionada Margarette May Macaulay remarcó que las condiciones de detención son "inhumanas" y que la solución debe incluir la sanción de leyes que no impacten en más hacinamiento.
Por su parte, el comisionado James Cavallaro señaló que la detención prolongada en comisarías no respeta los estándares internacionales y que tiene que haber un plan concreto para que no haya más personas alojadas en esas dependencias y para bajar la tasa de encarcelamiento. Cavallaro, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, solicitó al Estado que presente un plan concreto para lograrlo y anunció que realizará una reunión de seguimiento en octubre.
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