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Opinión |DEBATE PARA FRENAR LOS DESPIDOS
Doble indemnización: ¿Solución o doble problema?

Por MARTIN TETAZ (*)

24 de Abril de 2016 | 01:41

Por Twitter: @martintetaz

De acuerdo a los datos de aportes personales al sistema de jubilaciones y pensiones, la economía tiene 27.000 puestos de trabajo menos que hace un año atrás, pero es probable que la cifra que ilustra la dimensión del problema sea más cercana a los 100.000 casos, si consideramos que buena parte de los despidos ocurren a la sombra de las estadísticas impositivas, porque la recesión golpea a los trabajadores informales que se desempeñan en actividades que transitan una zona en degradé de grises en materia de formalización.

Si bien la situación no es de emergencia, porque estamos hablando del 0,7% de los trabajadores, para prevenir antes de que se produzca un fenómeno de despidos masivos, el Gobierno tiene en carpeta un plan de empleo joven que abarata la contratación de trabajadores que buscan su primera experiencia laboral, al tiempo que convocó al Consejo del Salario para actualizar el monto del seguro de desempleo, llevándolo de los $400 en que está estancado hace ocho años, hasta un valor en torno de los $3.500, a los efectos de que funcione como una red automática de protección social.

El atractivo de este tipo de mecanismos y la razón por la cual está extendido su uso en la mayoría de los países desarrollados, es que el seguro de desempleo se cobra al otro día de perder el trabajo y no requiere ningún tipo de acto burocrático que reconozca la recesión ni pondere la conveniencia del subsidio. Por eso se lo conoce en finanzas públicas como un “estabilizador automático”, porque pone plata en la economía cuando la actividad tiende a enfriarse, compensando y amortiguando la caída en la producción.

El segundo beneficio de contar con un buen seguro de desempleo es que las solicitudes de este tipo de transferencias operan como un indicador casi instantáneo de la salud de la economía, porque suben en momentos de crisis y caen cuando comienza la recuperación y la economía empieza a crear empleo nuevamente.

LAS BARRERAS A LA SALIDA PUEDEN, SIN QUERERLO, SER BARRERAS A LA ENTRADA

Alternativamente, desde la oposición se plantea en el Congreso una Ley de emergencia, similar a la norma impuesta en la depresión del 2002, que trabe los despidos encareciendo las indemnizaciones a cargo de los empleadores, en el caso de que resuelvan acabar con un vínculo laboral, sin causa justificada.

Lo que se busca con esta medida es evitar la multiplicación de la crisis que se genera cuando una empresa prescinde de un empleado sin tener en cuenta el impacto que un mayor desempleo puede generar en la demanda de los bienes de otras empresas, forzándolas a despedir a ellas también.

En condiciones normales esto no ocurriría, al contrario; el normal funcionamiento de la economía debería favorecer la relocalización de trabajadores facilitando su salida de sectores en los que no hay demanda, para que vayan a trabajar a otras actividades donde se los necesita más. Incluso una simple indemnización encarece la contratación de trabajadores, desincentivando el empleo y favoreciendo la automatización de las tareas. Esto es particularmente peligroso en momentos en los que, según un estudio del Banco Mundial, el 60% de los empleos en nuestro país podrían ser reemplazados por maquinas o robots.

Para frenar despidos coyunturales, producidos por la crisis, sin encarecer contrataciones nuevas, ni dificultar la salida de proyectos estructuralmente no viables, se puede establecer que la doble indemnización corra para los trabajadores con más de cinco años en la compañía y que en cambio se elimine completamente el costo de despido para los que tienen menos de dos años de antigüedad

Pero en el medio de una crisis, lo que analizado desde el punto de vista de una empresa individual es una decisión razonable, se convierte en un problema macro si muchas firmas despiden al mismo tiempo, porque la economía no tiene la capacidad de absorber tantos desempleados en un lapso corto y menos aun cuando la actividad no está creciendo.

En esas condiciones lo que el sistema no pueda amortiguar con seguros de desempleo conviene compensarlo con trabas al despido coyuntural, como la doble indemnización.

El mejor argumento a favor de esta medida y en contra de la preocupación de que encareciendo la salida se limita la entrada, es lo que ocurrió en 2003 cuando con la carga extra por despidos vigente, de todos modos, el empleo creció 10,4% en un contexto en que la inversión rebotó un 38%.

Sin embargo, también es cierto que en años en los que hay expectativas de crecimiento más modestas, nadie tomaría el riesgo de contratar trabajadores si supiera que le saldrá carísimo despedirlos en caso que el proyecto para el que los está tomando, no prospere.

UNA SOLUCION EQUILIBRADA

Para frenar despidos coyunturales, producidos por la crisis, sin encarecer contrataciones nuevas, ni dificultar la salida de proyectos estructuralmente no viables, se puede establecer que la doble indemnización corra para los trabajadores con más de cinco años en la compañía y que en cambio se elimine completamente el costo de despido para los que tienen menos de dos años de antigüedad.

La penalización extraordinaria, además debería ser de carácter excepcional y expirar cuando la economía muestre signos de creación neta de empleos, fijando por ejemplo su plazo de finalización cuando los aportantes al sistema de jubilaciones crezcan por seis meses consecutivos.

Este tipo de cláusula gatillo le quita el costo político al gobernante o legislador de turno, que de otro modo puede demorar innecesariamente la normalización del mercado de trabajo.

Pasada la crisis, llegará la hora de discutir una reforma de fondo en las instituciones del mercado laboral, que contribuya a resolver el flagelo del empleo en negro y permitan instaurar un verdadero seguro de desempleo, con aportes de trabajadores y empresarios, que reemplacen a las indemnizaciones y garanticen un ingreso equivalente al 80% del que percibía el trabajador, mientras dure su búsqueda, siempre que pueda demostrar su disposición a la capacitación y a la reinserción laboral.

 

(*) El autor es economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) y autor de "Casual Mente" y "Psychonomics"

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