La moción presentada estos días en nuestra ciudad por un conocido profesor de Letras que reclamó la necesidad de que se forme a los docentes para que impulsen desde las aulas una cruzada contra el consumo de drogas por parte de los jóvenes, se condice con otras iniciativas similares que se plantearon en el ámbito educativo de nuestro país y merece, por ello, detenidos análisis, dada la trascendencia de los valores que se encuentran en juego.

Tal como se informó, en la conferencia brindada por el catedrático se enfatizó en que el tema del uso indebido de drogas no figura en la formación de los docentes como contenido de aprendizaje y, si bien la ley educativa prevé que esta capacitación sea obligatoria, el mandato no pasa de ser enunciativo.

En la disertación que ofreció en el Museo Fra Angélico, se aludió al aumento en el consumo de drogas ilegales por parte de la juventud y en esa oportunidad, el conferenciante indicó que la propuesta se impulsa desde el Observatorio de Prevención del Narcotráfico, una organización que agrupa entre otras entidades a la Academia Nacional de Educación, la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, el Sindicato Argentino de Empleados de la Enseñanza Privada, el Consejo Superior de Educación Católica, la Junta de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina y una veintena de universidades, de todo el país.

En este sentido, cabría recordar que el año pasado representantes de numerosas universidades privadas de la Argentina realizaron un simposio destinado a analizar la mejor manera de frenar el avance del narcotráfico, en lo que resultaría ser una actividad extracurricular, aún cuando algunos rectores anticiparon que el propósito a mediano plazo es el de incorporar ese tema a la programación como materia de estudio.

Ahora, desde el Observatorio de Prevención se proclama la necesidad de comenzar por asumir la realidad de en muchos hogares no se cumple con las formación de los chicos como personas, trasladándose esa responsabilidad a los docentes, que hoy no están preparados tampoco para brindar ese tipo de formación. De allí la necesidad de capacitarlos, dijeron.

Lo cierto es que no han faltado en nuestro país expresiones sobre el avance del narcotráfico como las de la Iglesia y la de la Corte Suprema nacional, así como denuncias formuladas por diversos sectores y por los jueces federales, que alertaron que las estructuras existentes para luchar contra esa realidad son muy escasas. Se ha coincidido en que el nuestro ha pasado a figurar como un país de referencia en el circuito internacional de la droga y que en su territorio se han asentado peligrosas bandas de narcotraficantes.

Los resultados de esta instalación delictiva en nuestro país comenzaron a verse pocos años atrás, con la aparición de una nueva forma de violencia: la de los homicidios con mensajes mafiosos, a cargo de organizaciones con impunidad operativa, y en donde no faltan vinculaciones ya no con la droga, considerada conceptualmente como una necesidad de consumo por parte de los eventuales delincuentes, sino con el narcotráfico organizado a gran escala.

El narcotráfico organizado ha demostrado, con creces, su capacidad para corromper la vida y la salud de las personas y de los países. Por todo ello, su combate debería ser un objetivo prioritario y, en ese contexto, no puede menos que ponderarse la intención de sumar a los docentes de todos los niveles para abordar críticamente su estudio, como una forma de librar también la lucha desde el campo escolar y universitario.