Editorial del diario Actualidad de General Villegas

En los últimos tiempos, los delitos con toma de rehenes han registrado un incremento alarmante. Sin necesidad de abundar en ejemplos, sirve recordar que hace pocos días las crónicas han dado cuenta del verdadero calvario padecido por una joven de capital federal, que se vio forzada a permanecer a merced de un asaltante armado durante cinco horas -seguramente cinco interminables horas- que fue el tiempo que duraron las negociaciones, que culminaron cuando los efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) irrumpieron en la vivienda y detuvieron al delincuente. Esa vez el desenlace fue feliz, pero todos sin duda recordamos resonantes y luctuosos episodios en los que, a pesar de los intentos negociadores, las cosas terminaron muy mal para las ocasionales víctimas.
Ante este panorama, las dos grandes fuerzas políticas han coincidido en la necesidad de producir una herramienta útil para hacer frente a esta peligrosa modalidad delictiva, lo que derivó en un proyecto de ley elaborado por radicales y justicialistas y acordado por todos los bloques, que prevé penas de entre 10 y 26 años de prisión o reclusión "al que privare a otro de su libertad personal, tomándolo como rehén, y lo amenazare de muerte o con una lesión grave, reteniéndolo en garantía".

La norma, bien explícita, lo suficientemente severa como para desalentar a los que encuentran en esta forma de presión una manera de conseguir sus fines, iba a ser tratada en la última sesión. Sin embargo, inexplicablemente, acaba de ser demorado su tratamiento en el Senado por una cuestión de especulación política. Aunque parezca mentira, la necesidad y la urgencia no parecen ser motivo suficiente para muchos de nuestros legisladores.