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Estudiantes de Derecho ganan batalla judicial

Estudiantes de Derecho ganan batalla judicial

José María Martocci, director del programa de la facultad de Derecho, con vecinos de Florencio Varela

A través de un proyecto de extensión universitaria de la facultad de Derecho de la UNLP, la empresa Absa fue intimada por la Justicia a proveer de agua potable a 3.000 habitantes de un barrio de Florencio Varela, tras comprobarse que el líquido de la zona estaba contaminado por sustancias tóxicas y prohibidas a raíz de la actividad de las industrias asentadas en el lugar.

"Absa no cumplió, y ahora presentamos una demanda para el cierre de industrias contaminantes", explicó el director del programa de Clínicas Jurídicas de la unidad académica.

Más allá del caso judicial en sí, es de destacar que el fallo en beneficio de la vasta comunidad llegó a partir de uno de los proyectos de extensión de la facultad, instancias de las cuales participan voluntariamente alumnos y recién graduados, guiados por un profesor, con el objetivo de "ayudar a la sociedad".

"El programa consta de 3 clínicas jurídicas, la de derechos humanos, la de medio ambiente y la de derechos de consumidores y usuarios", detalló su director, José María Martocci. Y contó: "el proyecto estuvo en mente varios años, hasta que se concretó institucionalmente en 2008".

Martocci explicó que "el concepto de clínica jurídica es un modelo de enseñanza del derecho que conjuga el abordaje de la práctica profesional con el servicio de extensión a la comunidad", definió.

Destacó que "en la carrera generalmente se trabaja sobre casos inventados o que ya ocurrieron, en cambio, la extensión permite hacerlo sobre casos reales". Agregó que "tomamos aquellos que revisten interés público e involucran a mucha gente, no individuales".

"Actualmente estamos llevando adelante un planteo para que el gobierno provincial y la Comuna cumplan con la ley que indica que en su planta de personal deben tener el 4% de personas discapacitadas", añadió.

De las clínicas participan 12 alumnos y recién egresados, quienes "tienen una fuerte inclinación hacia lo social. Eso va a ir creciendo y es muy auspicioso".

DISCRIMINACION POR HIV

Mariana Mostajo es la directora del Consultorio Jurídico que atiende a pacientes con HIV/Sida. Y recientemente, los integrantes de este otro proyecto de extensión, debieron intervenir en un caso de discriminación laboral en un organismo público.

"La persona debió cambiar de lugar de trabajo. Nosotros trabajamos para que quede constancia de que el traslado no es voluntario ni por ningún otro motivo, sino por un hecho de discriminación", explica la abogada.

Mostajo recuerda que "desde hace tiempo, la facultad tiene unos 15 consultorios jurídicos gratuitos en barrios de la periferia. Pero a fines del año pasado, la secretaría de Extensión creó dos más para atender casos individuales, los de pacientes HIV/Sida y los de discapacitados mentales".

Este consultorio funciona en el centro de referencia municipal, pues "la idea fue anclarlo en el mismo lugar donde los pacientes reciben atención médica integral, y sumarle la consulta jurídica".

Tras destacar que "aún existe mucha ignorancia sobre el tema, por lo cual hacemos hincapié no sólo en la acción sino en la difusión", la catedrática resaltó que "el perfil de los estudiantes y graduados que hacen extensión es muy particular. Canalizan un montón de inquietudes para las cuales, en el ejercicio liberal profesional, no encuentran el camino. Es un cambio de paradigma", remata.

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