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Como dijera un delincuente profesional de la cárcel de Benalúa, en Alicante; “el dinero es como la hermosura: no puede estar oculto”.
Posiblemente el término “Paraíso Fiscal” evoque para algunas personas playas luminosas de cielos azules, acompañadas de selvas verdes y tropicales, donde invade una ilusoria sensación de libertad.
Pero, desde el punto de vista formal, constituyen un territorio donde no se pagan impuestos, con una infraestructura creada a ese fin, y con la posibilidad de realizar operaciones financieras con mayor grado de libertad.
Concretamente, hablar de un paraíso fiscal es hacer alusión a un marco jurídico que impera en un país determinado, y cuyos beneficiarios no son las personas que viven en él, sino los residentes del exterior.
No es novedad que la presión impositiva reinante en cada país es diversa, de forma tal que la planificación fiscal mundial indica que las divisas fluyan hacia donde la carga es menor.
Despojados de todo moralismo, podemos convenir que es natural que quien pueda eludir el pago de un tributo amparado en una norma, lo haga. Todos hacemos eso de alguna manera a nuestra escala, no hay que ser hipócritas.
Concretamente, hablar de un paraíso fiscal es hacer alusión a un marco jurídico que impera en un país determinado
Pero este tema contiene algunos atributos singulares que no se pueden ignorar: constituye un privilegio de la clase alta, se presenta obsceno, borronea la división entre lo legal y lo ilegal, es amoral como el dinero, y por sobre todas las cosas pone al descubierto al chivo expiatorio más popular de estos tiempos: la clase política.
Hasta ahora teníamos la certeza de la muerte y de los impuestos, pero ahora solo estamos seguros de lo primero.
Para evitar esa merma de recursos de sus territorios, los países diseñan redes de información e intercambio con el fin de neutralizar esas fugas y volver menos atractivos esos destinos.
En ese marco, la legislación de nuestro país ha trazado una identidad entre los paraísos fiscales y los países de baja o nula tributación, que son aquellos considerados no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal.
La norma tributaria establece unos mecanismos más gravosos para determinar la ganancia neta en esos casos.
Por el contrario, los cooperadores son aquellos con los cuales existe o está en proceso, la suscripción un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional.
La legislación de nuestro país ha trazado una identidad entre los paraísos fiscales y los países de baja o nula tributación
La sanción del decreto 589/2013 constituyó un cambio metodológico, en tanto implicó el abandono de la publicación en nuestra República de la lista blanca de países cooperadores -que hasta ese momento eran contemplados en el artículo a continuación del 21 del Decreto Reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias- para exteriorizar en una lista negra o gris, según se mire, aquellos que se niegan a compartir esas informaciones.
A pesar de haberse vuelto público y notorio que los paraísos fiscales gozan de muy buena salud en los tiempos modernos, tanto la revolución tecnológica como la del conocimiento han dejado al descubierto su esqueleto más siniestro.
Si los impuestos no son otra cosa que el precio de vivir en sociedad, los paraísos fiscales son el precio del capitalismo. Mientras haya capitalismo habrá paraísos fiscales.
En ese caso, quizás algunos prefieran seguir pensando en playas luminosas de cielos azules, acompañados de selvas verdes y tropicales. Después de todo, para la inmensa mayoría de nosotros, los únicos paraísos que existen son los paraísos perdidos.
Agustín Sastre, Contador Público, especialista en tributación, Asociación Bonaerense de Estudios Fiscales (ABEF).
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