Elevan a juicio megacausa impulsada por Carrió contra la gestión de Scioli

Elisa Carrió presentó el año pasado una denuncia contra la gestión del ex gobernador Daniel Scioli por los presuntos delitos de lavado de activos y desvío de fondos. Apuntó al accionar de funcionarios que estuvieron a cargo de diversos organismos como el IOMA, Astillero Río Santiago, la empresa ABSA y el ministerio de Infraestructura, entre otros. Esa denuncia avanzó en la Justicia a punto tal que el fiscal que interviene en la causa, Alvaro Garganta, acaba de pedir la elevación a juicio de parte de la megacausa promovida por la diputada nacional.

El fiscal hizo foco en las supuestas maniobras que se habrían cometido en la adjudicación de obras al empresario Juan Carlos Mancinelli (ver aparte), un hombre cercano al ex gobernador, entre diciembre de 2010 y mayo de 2011, por un monto estimado de 9,5 millones de pesos.

La investigación judicial determinó que las adjudicaciones fueron direccionadas a empresas vinculadas entre sí, que sólo simularon competir. Además, sostuvo que no se llamó a licitación pública ni privada ya que las firmas participaban de la compulsa por invitación.

El pedido de elevación a juicio involucra a la funcionaria que ordenó las obras, Gladys Pérez Ferrando (quien fuera directora de Proyectos Especiales del ministerio de Infraestructura), y los integrantes del Consejo de Obra Pública de esa cartera, Gabriel Pérez de Vargas, César Marcos, Paula Kammeraht, Carolina de Tomasso y Daniel Soncini. Alcanza a los contratistas adjudicatarios Mancinelli, Marcelo Beneyte y Pablo Fontanari a los que consideró “partícipes necesarios” de la maniobra. A los ex funcionarios se les imputa los presuntos delitos de negociación compatible con el ejercicio de la función pública en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De acuerdo a la investigación del fiscal Garganta, se realizaron 19 obras públicas de similares características (trece paradores turísticos y seis centros de información turística), todas en distritos de la Costa Atlántica, en similar período y sin haberse realizado licitación pública o privada.

El fiscal concluyó que las adjudicaciones fueron direccionadas a empresas vinculadas entre sí, que sólo simularon competir. Por caso, se determinó que estaban asociadas comercialmente con sus competidores, compartían domicilio, no estaban inscriptos en la AFIP, no tenían antecedentes en el rubro, se constituyeron como sociedades pocas semanas antes de ser invitados a licitar y hasta tenían domicilios inexistentes.

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“Para beneficiar a Mancinelli y su grupo, se le han adjudicado 13 obras públicas mediante concurso de precios aparente y de manera indistinta a Mancinelli (como persona física), a Servicios Emiser (cuyo presidente es Mancinelli) y a Marcelo Beneyte (como persona física)”, detalla el fiscal.

Aclara además que Beneyte es responsable técnico de Emiser y que, sin embargo, “fueron invitados a competir (con Mancinelli) como sujetos independientes y entre sí”.

Garganta también afirma que ninguno de los mencionados “nunca realizaron obras públicas para la Provincia, ni antes de los mencionados paradores, ni después”.

También hace foco en el empresario Fontanari, presidente de PF Constructora, quien “con el fin de que la Administración lo beneficie de manera irregular, realizaba la oferta de menor valor, previo conocer el monto que ofertarían los contratistas de su confianza”, entre los que menciona a las empresas Huentel, Sar y G y C.

La investigación judicial sostiene que en estas operatorias se violó flagrantemente la Ley de Obras Públicas provincial, que ordena rechazar cualquier propuesta cuando el mismo proponente esté interesado en dos o más propuestas o exista acuerdo tácito entre dos o más licitadores.

Finalmente, respecto de la funcionaria Pérez Ferrando, el fiscal habla de un “claro direccionamiento en favor de Mancinelli y su entorno, a quien ha hecho competir en 13 concursos de precios entre contratistas de su confianza con otros que eran invitados para actuar de manera virtual”.