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Séptimo Día |ENFOQUES TRIBUTARIOS

¿El impuesto sobre los Ingesos Brutos es el mal de las jurisdicciones?

25 de Marzo de 2018 | 09:28
Edición impresa

Por ROBERTO FREIRE Y AGUSTÍN SASTRE
Contadores - Asociación Bonaerense de Estudios Fiscales (ABEF)

Las provincias han dado un paso hacia atrás relegando sus recursos tributarios propios y aceptando el falso dogma de sostener que el impuesto de tratas es distorsivo, que encarece los productos, que desalienta la inversión, que es el verdadero enemigo de la prosperidad del país.

El consenso fiscal recientemente suscripto no hace más que imponer lineamientos que reducen las atribuciones originarias de las provincias, fijando las alícuotas de imposición e inmiscuyéndose en aspectos que hacen a la propia esencia del régimen federal.

Continuar en este sendero de avasallamiento de las autonomías provinciales implicará que en un día no muy lejano, desaparezcan las virtudes más relevantes de nuestro sistema de gobierno.

ASISTENCIALISMO

La moneda de cambio que obtienen las provincias por estas concesiones consiste en nutrir sus arcas de un renovado asistencialismo nacional, que por otra parte, ya registra estrepitosos fracasos en el pasado.

Nos preguntamos de qué modo puede alcanzarse una estructura tributaria más justa y solidaria para toda la Nación, si se reduce el protagonismo de los estamentos de gobierno originarios cuya unión indisoluble ha forjado la tan anhelada construcción de “una sola nación para un solo pueblo”

La moneda de cambio que obtienen las provincias consiste en nutrir sus arcas de asistencialismo

 

Se advierte con pesar que las provincias y los municipios se encuentran desplazados de la centralidad que les otorga su historia, relegando sus potestades sobre los aspectos sustantivos de los tributos que recaudan a cambio de la formulación de una política fiscal que promete unicidad y economicidad en la recaudación.

Y todo ello con el afán de cumplir en el corto plazo con sus presupuestos, alcanzar las metas y los objetivos cuantitativos.

La autonomía del derecho tributario ha sido postergada, y el esfuerzo, la inteligencia, la buena administración, y los recursos tecnológicos que se han gestado durante todos estos años transcurridos parecieran perder gradualmente su importancia.

El consenso fiscal impone lineamientos que reducen atribuciones de las provincias

 

REFORMA

La prolífica creación de estructuras tributarias provinciales y municipales con alta profesionalización, modernos centros de cómputos, y especialización en áreas centrales del proceso recaudatorio, se vuelven prescindibles en el nuevo esquema dominante.

Nos preguntamos si en lugar de armonizar los conflictos y excesos que sin dudas ocurrieron, no hubiera sido mejor reestructurar y producir una reforma fiscal federal, orientada sobre una visión más horizontal que dote de mayores atribuciones a los gobiernos locales, donde las fuerzas centrifugas sean las verdades protagonistas.

Pero no es esto lo que ha ocurrido.

Las jurisdicciones han convalidado las reglas de juego que impone la coyuntura política nacional.

Pensamos que, así como se ha sostenido que el federalismo o es fiscal o no es federalismo, los gobiernos provinciales o administran sus tributos o pierden su verdadera razón de ser.

El impuesto sobre los ingresos brutos posee ciertas características explicadas por su contexto histórico como aglutinador de otras especies tributarias, y sus características originales, como el de ser real, territorial, multietápico, con efecto acumulativo y piramidación, no impiden que pueda revisarse para ser reconvertido a fin de ser respetuoso de las garantías constitucionales.

LAS ALTERNATIVAS

Sin embargo, la idea de su sustitución se vuelve más inverosímil cuando se observan las múltiples deficiencias en las alternativas que se proponen para su reemplazo, tales como “un impuesto al consumo provincial o el IVA mochila”, al poseer defectos técnicos y operativos en su implementación mucho más graves que los que se señalan con tanto estruendo para este tributo.

La nueva institucionalidad fiscal que se necesita deberá mirar la solvencia en el largo plazo no solo de la Nación, sino también de las provincias y de los municipios, sabiendo que las decisiones del presente condicionarán nuestro país del futuro.

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