Cierres de clínicas: la Provincia prepara otro “rescate”, pero temen “estatización”

“En estado crítico”. “Al límite”. “En terapia intensiva”. Pregunte donde se pregunte, en las clínicas y sanatorios privados bonaerenses agotarán todas las metáforas para diagnosticar la dramática situación que enfrentan en medio de la segunda ola de coronavirus. Tanto que diez de esos centros de salud se vieron obligados a cerrar en el Conurbano y temen que otros cientos puedan correr la misma suerte en La Plata y la Provincia. Con todo, el gobierno de Axel Kicillof dice avanzar en un “plan de rescate” (similar al aplicado el año pasado) a través de IOMA y PAMI con el cual busca garantizar sustentabilidad para afrontar esa crisis, pero en el sector hay quienes observan, y se inquietan, que de ese proyecto surja una “estatización silenciosa”. La Provincia lo niega.

La alarma, según reportó la Cámara Argentina de Prestadores del Conurbano (Capresco), se disparó con el cierre -desde marzo pasado a la fecha- de diez clínicas y sanatorios distribuidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Centros que -en su mayoría- no se financian a través de prepagas sino con obras sociales del Estado, como IOMA y PAMI. Algunos fueron auxiliados tras bajar las persianas, como la Clínica Nueva Comahue de Temperley, que quedó en manos del IOMA y la Clínica San Carlos, de Escobar, bajo la órbita del municipio.

“Todos los días nos llegan noticias de prestadores que están en peligro de cierre y que están ofreciéndose a la venta”, alertó por su parte la presidenta de la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), Teresita Ithurburu, a la vez que preguntó: ¿Qué pretende el gobierno provincial? ¿Estatizar todas las clínicas privadas? Es lo que algunos dicen que se está buscando”. Esa alternativa, consideró en declaraciones periodísticas, sería “inviable” y “pondría en jaque el sistema”.

Una crisis de antes

La crisis es “prehistórica y prepandemia”, sostienen en el sector, pero reconocen que se agravó con la irrupción del Covid-19, cuando el temor al contagio se impuso y empezaron a bajar las consultas en los sanatorios. A la par, los centros se reestructuraban para capear la primera ola de la pandemia, los costos se disparaban y los valores se actualizaban muy por debajo de lo pretendido.

Eso explica que, por caso, el porcentaje de unidades de terapia intensiva destinadas a la atención del coronavirus haya caído entre el 20 y el 30 por ciento con respecto al año pasado por decisión de las propias clínicas. No es que no se requieran (en La Plata, por ejemplo, calculan que el nivel de ocupación llega al 80 por ciento). Es que están (prácticamente) sin ingresos, mientras aguardan por el desenlace de una paritaria médica todavía irresuelta.

A eso se suma que el paciente Covid “no es rentable” y que requiere de más días de internación que, por ejemplo, una cirugía programada.

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Las cirugías, justamente, fueron unos de los tantos tratamientos que se postergaron el año pasado. Una procrastinación por la que, en parte, gritan socorro los sanatorios.

“De 200 clínicas, unas 170 están en situación de crisis”, advirtió a EL DIA el presidente de Fecliba, Néstor Porras, y que “ya sea en el Interior o el Conurbano, el panorama complicado en cuanto a ocupación de camas y capacidad de respuesta”. En esa línea, enumeró el agotamiento del personal de salud tras un año de pandemia, la incertidumbre de los profesionales ante la crisis (sanitaria y financiera) y la urgencia de no percibir siquiera el valor de lo que prestan.

Subrayan que la Superintendencia de Servicios de Salud autorizó a las prepagas aumentos del 13,5 por ciento desde diciembre frente a costos que, aseguró en las clínicas, superan el 50 por ciento.

Por ahora, la Provincia niega ese plan: “Las clínicas cierran porque la gente consulta muchísimo menos producto de la pandemia; cierran por una cuestión económica, pero nosotros necesitamos que estén abiertas y con camas disponibles. No necesitamos que se nos caiga ninguna clínica”, aclararon a este diario desde el Ministerio de Salud que conduce Daniel Gollan y que trabajan en un proyecto similar al implementando en 2020, cuando el IOMA acordó con Fecliba y Acliba -las dos cámaras que nuclean a las clínicas- un desembolso de 400 millones de pesos mensuales (durante tres meses) para garantizar la sustentabilidad de los centros de salud y la disponibilidad de camas. Se trató de un préstamo que los sanatorios se comprometieron a devolver en 12 cuotas sin interés.

“La idea es volver a relanzar este rescate a través de PAMI y el IOMA en conjunto con los establecimientos sanitarios, incluyendo a las clínicas que cerraron. Aún estamos trabajando, pero vamos a anunciarlo lo antes posible”, anticiparon en el entorno del ministro Gollan.