Ante la ONU, Bachelet consideró “preocupante” la reciente detención de activistas humanitarios en Venezuela

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó hoy su preocupación por el reciente arresto de tres dirigentes humanitarios en Venezuela, a los que el gobierno acusó de terrorismo.

“El arresto de tres miembros de (la ONG) Fundaredes hace solo tres días es un ejemplo preocupante” de las limitaciones a la actuación de organizaciones civiles en Venezuela, afirmó Bachelet durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

“Las restricciones al espacio cívico siguen siendo motivo de preocupación; resalto la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, en especial contra los medios de comunicación, la sociedad civil y la oposición”, dijo la expresidenta chilena al actualizar su informe sobre la situación humanitaria en Venezuela.

Bachelet llamó al gobierno de Nicolás Maduro a permitir a los detenidos “el acceso urgente de abogados defensores de su elección” y a revisar “la fiscalización desproporcionada a la sociedad civil”.

Asimismo, criticó “la vinculación de actividades humanitarias y de derechos humanos con el terrorismo”.

El director general de Fundaredes, Javier Tarazona, y los activistas de esa ONG Rafael Tarazona y Omar García fueron arrestados por agentes de inteligencia el viernes en Coro, la capital del estado Falcón, cuando acudían a la fiscalía para denunciar que eran víctimas de “acoso y persecución por funcionarios” de la policía regional.

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Trasladados inmediatamente a Caracas, al día siguiente fueron imputados “por los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio”, dijo la abogada de los tres, Stefania Migliorini, según la agencia de noticias AFP.

Fundaredes informó en marzo, antes de que lo hicieran las propias autoridades, sobre enfrentamientos entre tropas venezolanas y guerrilleros colombianos en el estado fronterizo Apure, en los que murieron al menos 16 militares, según datos oficiales.

Dos meses después, también antes que el gobierno, reveló que ocho militares -que serían liberados varios días después- habían sido secuestrados en la frontera.

La ONG acusa al gobierno de Maduro de amparar en territorio venezolano a miembros de los grupos disidentes de la disolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).