Cuando la estadística se vuelve política

Instituto de Economía aplicada

Universidad del Este (UDE)

En los últimos días se desató un intenso debate en torno a la metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, luego de que el Gobierno diera marcha atrás en su actualización. La implementación —que tenía como objetivo modernizar la estructura del índice para reflejar los hábitos de consumo actuales— fue suspendida en vísperas de su entrada en vigencia, generando inquietud entre economistas, analistas de mercado y representantes de organismos internacionales. Además, vino acompañada por la renuncia del titular del Instituto, Marco Lavagna —nombrado por el Gobierno anterior—, en un contexto de tensiones internas sobre la decisión.

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La polémica no es menor: el IPC es la medición oficial de la inflación, un dato clave para definir políticas económicas, negociar salarios, ajustar contratos indexados y medir pobreza e ingresos reales. El cambio que se había anunciado consistía en reemplazar la canasta de consumo de referencia —basada en una Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004–2005— por una más reciente de 2017–2018, que representa mejor los patrones de gasto actuales de los hogares argentinos. Esto había sido anunciado oficialmente por el INDEC en octubre del año pasado e incluso había sido incorporado en el Informe de Política Monetaria del BCRA en el pasado diciembre.

El argumento oficial para suspender el cambio fue que, según el Ministro de Economía, las simulaciones mostraron diferencias “mínimas” entre ambos métodos y que no era necesario implementarlo ahora, ya que la inflación debería estar completamente controlada antes de cualquier ajuste metodológico. Además, en palabras del Ministro, un cambio en este momento alentaría sospechas opositoras sobre posible manipulación del índice.

¿Por qué importa la actualización del IPC? Más allá del debate político, existe evidencia técnica de que las diferencias en la medición no son solo semánticas. La canasta antigua tiende a subestimar la participación de servicios con aumentos acelerados de precios —como vivienda, electricidad o transporte— y a sobrevalorar bienes que aumentan menos— como alimentos o indumentaria— en un contexto de apreciación del tipo de cambio.

Una de las implicaciones más sensibles se da en la medición del salario real. Cuando se utiliza el IPC oficial (metodología actual), los datos muestran que el salario privado registrado cayó alrededor de 1,2% respecto a noviembre de 2023. Pero con los nuevos ponderadores que reflejarían más fielmente los hábitos de consumo, la caída se amplía a un considerable 7,8% en el mismo período, según estimaciones que reponderan el IPC con la ENGHo 2017/2018. Ese diferencial no es menor: señala que las variables laborales y distributivas que dependen de la inflación pueden parecer más favorables de lo que realmente son. A efectos prácticos, esto implica que el poder adquisitivo de los trabajadores podría estar siendo sobreestimado si se utiliza el IPC desactualizado.

Las simulaciones mostraron diferencias “mínimas” entre ambos métodos

De esta forma, el Gobierno pretende consolidar la llamada “ancla salarial” en esta nueva etapa del Programa, donde el ancla cambiaria y monetaria se han visto debilitadas por los cambios en la política del BCRA: La actualización de la banda superior flexibiliza la primera y las compras de Reservas flexibilizan la segunda. Al mantener el IPC original, se busca mantener las paritarias por debajo de los índices de inflación más realistas.

Por otro lado, las canastas de consumo también inciden en la medición de la pobreza, dado que modifican el coeficiente de Engels, mediante el cual se construye la Canasta Básica Total. Distintas mediciones sugieren que al actualizar los ponderadores, la reducción de la pobreza entre finales del 2023 y el 2025 es menor a lo estimado por la metodología tradicional, ubicándose entre 3 y 5 puntos porcentuales de caída, en contraposición a una reducción de la pobreza de 10 puntos según los microdatos de la EPH para el tercer trimestre del 2025.

Otro efecto —más técnico pero relevante para el mercado financiero— tiene que ver con los bonos indexados por inflación (CER). Estos instrumentos ajustan capital e intereses por el IPC, por lo que un registro más bajo de inflación reduce el monto de actualizaciones a pagar y, en principio, el costo financiero para el Tesoro. La suspensión del cambio metodológico, en este sentido, contribuye a un menor endeudamiento por actualización de CER. Hasta el momento, sin embargo, esto no tuvo impacto en el mercado de los bonos CER, que de hecho vieron comprimir sus tasas reales en los últimos días. Esto indica que el mercado no pone en precios un deterioro adicional más allá del ajuste temporal en la medición (que podría rondar los 0,1% a 0,2% mensuales).

Más allá de las diferencias puntuales en cifras, la suspensión del nuevo IPC abrió un debate más profundo sobre la autonomía y la credibilidad de las estadísticas públicas. Haber anunciado primero la actualización y luego dar marcha atrás, sin una comunicación técnica clara, puede afectar la reputación del INDEC y la confianza del mercado en indicadores clave de la economía. Una alternativa razonable habría sido publicar ambos índices en paralelo durante un tiempo para que usuarios y mercados pudieran comparar y adaptarse. En los días siguientes, el Gobierno ha deslizado que prefiere trabajar en una nueva Encuesta de Hogares actualizada, una vez que el proceso de desinflación haya culminado (sin fecha cierta).

La discusión sobre la metodología del IPC no es un tecnicismo académico: tiene impactos reales en la percepción de inflación, en el poder adquisitivo de los salarios, en la medición de la pobreza y en los costos de la deuda indexada. La decisión del Gobierno de postergar la actualización, y la renuncia de la máxima autoridad del INDEC en medio de esas tensiones, demuestra que hoy las estadísticas oficiales están en el centro de la política económica.

El desafío futuro será reconciliar la necesidad técnica de una medición actualizada con la exigencia de mantener la independencia y la credibilidad de los datos, en un contexto en el que la inflación y sus efectos siguen siendo protagonistas del debate público.