El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral

Aunque no se puede dejar conformes a todos, al menos conviene intentar satisfacer a la mayor cantidad posible. Con esa lógica, el Gobierno se alzó con una nueva victoria parlamentaria al obtener la media sanción de la reforma laboral, una iniciativa que, si bien no tiene asegurado el resultado que promete -mejorar el nivel y la calidad del empleo-, puede ser exhibida como un logro dentro de la llamada “batalla cultural” en la que el oficialismo se muestra empeñado.

La estrategia oficial pareció clara: llegar al último día de las negociaciones con el texto más exigente posible y, sobre la hora, conceder lo necesario para garantizar un trámite legislativo sin sobresaltos. Al menos así puede explicarse la eliminación del capítulo referido al impuesto a las Ganancias, que contemplaba una reducción de alícuotas para las empresas. Esa marcha atrás fue una señal directa hacia los gobernadores, que habían condicionado su apoyo a que no se afectara la coparticipación federal.

LAS CONCESIONES A LOS SINDICATOS

Menos comprensibles, en cambio, resultan las concesiones realizadas a la corporación sindical. Entre ellas se destacan la eliminación de la reducción del aporte patronal a las obras sociales -que debía pasar del 6% al 5%-, la continuidad de la llamada “cuota sindical” compulsiva y la eliminación de la voluntariedad que preveía el proyecto original. De este modo, el trabajador continúa siendo un convidado de piedra en la decisión sobre el destino de una porción de su salario.

En estas negociaciones tuvo un rol central Gerardo Martínez, líder de la UOCRA y principal cara dialoguista del sindicalismo, quien se hizo cargo del vínculo con el Gobierno mientras el ala más dura de la central obrera hacía como que mostraba los dientes. Nada nuevo bajo el sol. Ya en noviembre de 2024, los jefes sindicales habían logrado frenar un intento de democratizar los sindicatos que eliminaba la reelección indefinida, prohibía la cuota solidaria que sostiene la “caja sindical”, garantizaba la representación de las minorías, imponía declaraciones juradas y fortalecía el control sobre las obras sociales. Aquella iniciativa, impulsada por el radicalismo y el PRO, naufragó cuando los diputados de La Libertad Avanza retiraron su apoyo a último momento.

Según distintas lecturas, existió entonces -y existiría ahora- un acuerdo tácito con la CGT: no tocar el modelo sindical a cambio de reducir la conflictividad, léase menos paros generales. Cualquier parecido con la actualidad, una vez más, no sería mera casualidad.

DEL DESEO DE “LIMITAR” A LA REALIDAD

Desde la Mesa Política del Gobierno se sostuvo retóricamente la necesidad de limitar los privilegios de “la casta sindical”, para finalmente quitar esas restricciones del menú o, al menos, atenuar sus efectos. “Era imposible que el Gobierno les sacara de un día para otro la financiación, por eso les dio un plazo de dos años y bajó el tope al 2%. Pensemos que el gremio de Armando Cavalieri maneja una cuota sindical del 5%”, explicó a este diario un senador opositor que participó activamente en la negociación del texto final.

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Algo similar ocurrió con la decisión de mantener en el 6% la alícuota de aportes patronales a las obras sociales. “Al no quitarles completamente la caja, el Gobierno busca preservar la paz social”, sintetizó la misma fuente. Desde esta mirada, la contrapartida fue que la reforma avanzó sobre herramientas clave del poder sindical, como la prioridad de los convenios por empresa sobre los sectoriales, la limitación de la ultraactividad a las cláusulas normativas y la reducción del porcentaje y del plazo de vigencia de las cuotas sindicales.

La marcha convocada por los gremios resultó un verdadero fiasco

En ese marco, reapareció Federico Sturzenegger, uno de los redactores de la reforma, para señalar que en algunos sindicatos la contribución alcanzaba el 7% del salario y que ahora se fijó un tope del 2%.

El ahora exdiputado radical Martín Tetaz, impulsor de la frustrada reforma del modelo sindical, sostuvo que la regla básica que debería regir cualquier reforma laboral sigue ausente: que todo descuento en el recibo de sueldo cuente con autorización expresa del trabajador. No incluirlo, afirmó, es una concesión que conspira contra el objetivo central de la reforma y obliga a pensar en cambios futuros.

SERVICIOS ESENCIALES Y MEDIDAS DE FUERZA

Otro de los cambios introducidos en el recinto fue la modificación del capítulo referido a los servicios esenciales y las medidas de fuerza. Con una obligación de prestación mínima del 50%, se incorporaron el cuidado de menores y la educación en los niveles primario, secundario y especial, una decisión que despertó críticas en el arco sindical y en sectores de la oposición.

Para los más críticos de la postura concesiva, los jerarcas gremiales volvieron a salirse con la suya. “Valen cada vez menos, pero se venden caro”, resumió con crudeza un legislador que siguió de cerca el debate.

LA VIOLENCIA EN LA CALLE

En la calle, mientras tanto, el escenario terminó favoreciendo al Gobierno. La marcha convocada por los gremios resultó un verdadero fiasco y dejó al descubierto la decadencia de una dirigencia desbordada por los grupos de izquierda, algo impensable en otras épocas. ¿No quisieron o no pudieron controlar la calle? Los violentos acapararon la atención de las cámaras al buscar emular el clima de la fenomenal pedrea de 2017 contra la reforma previsional. El operativo de seguridad logró dispersarlos sin heridos ni daños de gravedad. Lejos del centro de la escena quedó la presencia de los líderes cegetistas, casi invisibles durante la jornada. La UTEP de Juan Grabois y las izquierdas aportaron, con su infantil radicalización, el pretexto perfecto para la dispersión.

En definitiva, se trató de una victoria política para el Gobierno, que logró aprobar una iniciativa que buena parte de la sociedad reclama, aun cuando el conocimiento sobre su contenido sea limitado. En el mejor de los casos, la reforma podrá contribuir a mejorar la formalidad laboral. Pero la creación genuina de empleo dependerá, inevitablemente, del crecimiento económico. Y para eso todavía resta avanzar en la reducción del costo argentino y en un modelo de desarrollo que vaya mucho más allá de una ley.