A los hospitales se les escapan millones de pesos que quedan en las prepagas

Cualquiera que tenga obra social y haya recurrido a un hospital público es probable que lo haya notado alguna vez: tras recibir atención médica y ser sometido a veces a prácticas muy costosas, el hecho de cumplir o no con los requisitos formales para que ese servicio le sea facturado a nuestra obra social depende más de uno mismo que del hospital. Si el paciente mutualizado no se ocupa de ir “al kiosco de enfrente” a sacar una fotocopia de su DNI para entregarla en la oficina de admisión o no presenta más tarde el carnet de la obra social que justo en ese momento no llevaba encima, existen entonces grandes chances de que nadie se lo exija y la atención recibida quede sin facturar.

Si bien la función de los hospitales públicos es brindarle atención médica a quienes recurren a ellos ya cuenten o no con obra social, eso no significa que deban atender gratis. De hecho existe desde hace años un sistema conocido como SAMO que tiene por finalidad recuperar los costos de atención a pacientes mutualizados para que ese dinero se reinvierta en el sistema de salud. Pero lo cierto es que sus mecanismos formales no siempre son respetados. Es así que parte de los recursos que deberían regresar al hospital terminan convirtiéndose en un ahorro para las prepagas, las obras sociales y los seguros de salud.

De cuánto dinero se trata, nadie lo sabe muy bien. Fuentes extraoficiales del ministerio de Salud provincial calculan sin embargo que el monto percibido en concepto del SAMO, unos 450 millones de pesos por año, podría hasta triplicarse si este sistema se aplicara con mayor rigurosidad.

EL SAMO

El SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada) fue establecido en 1977 por un decreto de la dictadura con el propósito de que los hospitales bonaerenses pudieran cobrar la atención de pacientes mutualizados. Para ello fija algunos mecanismos administrativos a fin de que esos pacientes sean identificados por el personal de admisión y los hospitales cuenten con la documentación necesaria para facturarle a sus obras sociales los servicios brindados. También determina la forma en que el dinero de ese recupero se debe distribuir.

Como establece el SAMO, el 10% del dinero que abonan los obras sociales va al Fondo Provincial de Salud, un fondo que el Ministerio utiliza para apoyos financieros y compras; el 50% se distribuye entre el personal del cada hospital en forma equitativa sin importar su función o cargo jerárquico; y el 40% restante queda para el hospital en sí, que lo utiliza como una caja chica. De este modo el SAMO ha terminado convirtiéndose con los años en un valioso complemento que le permite al personal hospitalario redondear un poco sus salarios; y a los directores, reemplazar algún equipo roto, realizar reparaciones edilicias o suplir faltantes de insumos de manera más ágil que por medio del circuito tradicional.

Así de valioso, lo cierto es que “recuperar la plata del SAMO es algo que depende casi exclusivamente de cada hospital. El ministerio nunca ha sido muy exigente en ese sentido ni baja línea a los directivos para que no se les escapen los pacientes mutualizados”, reconoce un ex director de hospital que pidió no ser mencionado en esta nota. “No pasa nada si la gente de admisión no se ocupa de establecer si el paciente tiene obra social o los médicos no detallan debidamente las prácticas realizadas para que éstas pueden cobrarse”, asegura.

Conscientes de la poca rigurosidad con que se aplica el sistema, “algunas obras sociales se abusan además de él –comenta por su parte un dirigente médico-: no les brindan una buena cartilla de prestadores a sus afiliados y cuando les surge algún caso de alta complejidad los mandan a que se atiendan al San Martín o al San Roque de Gonnet, por lo que terminan haciendo caja a costa del sistema público de salud”.

REPAROS Y PREOCUPACIONES

El hecho es que aun cuando todo el mundo reconoce la importancia del SAMO, los gremios, entidades profesionales y muchos médicos en forma individual plantean reparos frente a la decisión de explotar mejor este sistema debido a los efectos que una política de cobro más estricta podría tener indirectamente sobre los pacientes sin obra social y el uso que se le podría dar a ese dinero.

“El SAMO es un sistema muy útil y no estamos en contra de que se lo mejore; lo que decimos es que el dinero del SAMO no debe utilizarse como un mecanismo para postergar una actualización salarial ni convertirse en el pilar para el sostenimiento de los hospitales. Los hospitales tienen que contar con el presupuesto que corresponde y los médicos deben cobrar sueldos dignos”, sostiene Jorge Mazzone, el presidente del Colegio de Médicos del distrito.

Un reparo similar expresa Juan Porto, médico y titular de la CICOP en el Hospital San Martín. “Si bien (un cobro más estricto) encuentra cierto apoyo en un sector de los trabajadores de hospitales que ven en el SAMO una perspectiva de mejora salarial, la realidad es que esta política promueve que haya pacientes de primera y de segunda en el sistema público. Porque en la medida en que la atención de mutualizados redunda en beneficios para el personal, podría generar que en algunos hospitales se les dé prioridad. Pero más allá de eso, las políticas de este tipo apuntan en general a no tener que aumentar el presupuesto provincial, una perspectiva desastrosa en medio de la crisis que atraviesa la salud”, sostiene el profesional.

Frente a estas preocupaciones, las autoridades sanitarias de la Provincia -que este año prevén “incrementar en forma importante” el monto del SAMO por medio de mejoras en el sistema- aseguran que no será así.

“Nuestra administración busca que los recursos necesarios para el funcionamiento de los hospitales sea cubierto adecuadamente por el presupuesto que tiene cada uno de los hospitales/efectores del sistema. Es más, en lo que va del año se ha incrementado la partida de insumos hospitalarios en un 117% y se han asignado 416.000.000 pesos a la mejora de la infraestructura hospitalaria bajo el denominado Plan de Salvataje Hospitalario”, dice la ministra de Salud, Zulma Ortiz, al asegurar que, por otra parte, “la aplicación de los fondos de SAMO está fijada por ley, razón por la cual no sería posible la sustitución del presupuesto” por el dinero proveniente de él.