Crece la polémica por la flexibilización de la Ley de Tierras

Los cambios que acaba de introducir introdujo el presidente Mauricio Macri a la Ley de Tierras dispuesta por la administración kirchnerista generaron polémica en el sector agropecuario, más puntualmente en Federación Agraria (FAA) que criticó duramente el decreto presidencial.

La normativa anterior restringía la venta de campos a extranjeros con el objetivo de fomentar inversiones en el sector agropecuario.

Si embargo una de las primeras iniciativas del gobierno de Cambiemos fue analizar la situación y se encomendó a un grupo de técnicos de los Ministerios de Justicia y Agroindustria quienes finalmente dieron el primer paso flexibilizando el ingreso de la inversión extranjera.

El decreto presidencial despertó fuertes críticas de algunos sectores del campo encabezados por la Federación Agraria acusó al Presidene de perjudicar a los pequeños y medianos productores.

“En la semana del Bicentenario de la Independencia, el peor homenaje a nuestros próceres es el de entregar los recursos naturales y favorecer la concentración”, disparó el presidente de la entidad, Omar Príncipe, en un comunicado de prensa.

Contrariamente, los directivos del resto de las entidades del campo (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Coninagro) no emitieron opiniones públicas sobre el tema, aunque en el sector descuentan que están de acuerdo con la iniciativa macrista.

El que sí se manifestó a favor de los cambios introducidos a la Ley de Tierras K es la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR) que, desde la sanción de la norma en 2011, vienen advirtiendo los daños que provocaría la regulación del mercado de campos.

“La flexibilización de la Ley permitirá destrabar la llegada de inversiones productivas en commodities agropecuarios como en trigo, maíz, soja y girasol”, comentó a La Política Online el presidente de CAIR, Javier Christensen.

Según un informe que presentó el Ministerio de Justicia en el año 2013, un 5,93% de la tierra (casi 16 millones de hectáreas) está en manos de extranjeros y que ninguna provincia superaba en 2013 el 15% que establecía la Ley de Tierras K que, según afirman los especialistas, frenó casi por completo las operaciones inmobiliarias y los precios de los campos en los últimos años. Lo cierto es que de ahora en más el Gobierno definió que se considera titular extranjero a quien sea titular de “más del 51% del capital social de una persona jurídica” (antes es número estaba fijado en el 25%).