En Tolosa y Ringuelet, dos barrios jaqueados por batallas con el delito como telón de fondo

Cuatrocientas veinte vainas y cartuchos. Son restos de la escena de terror con la que conviven más de cien familias en el barrio llamado “Nuevo Mercadito”, a la altura de 115 y 515, donde las paredes de las casas son vulneradas por la pólvora y las municiones: los agujeros son un recuerdo de noches donde hay que apretarse contra el piso, bajo la cama. También vuelan las balas en el complejo de viviendas de 19 y 526. Es de noche en marzo y una va a dar en la cabeza a un joven de 21 años, recién llegado a una de esas casas, a la que accedió a cambio de un auto. Mano a mano, pero sin papeles. Es de noche, también en marzo y otra bala se mete en el pecho de un hombre de 41 años a quien se le estaría recordando así la muerte de aquel vecino que en su último día, todavía pintaba su nueva casa.

A treinta cuadras de distancia, en dos zonas de la ciudad cargadas de historia, los vecinos se sienten víctimas en la línea de fuego de una guerra entre bandas que disputan el territorio. De los “negocios” más espeluznantes en el mundo del delito, como el narcomenudeo o los vínculos con barrabravas, el poder político o la Policía, hasta la apropiación de viviendas construidas por el Estado con la finalidad de asistir a familias de bajos recursos, forman parte de la trama oculta de las batallas en Ringuelet y Tolosa.

El barrio que levantó el Gobierno Provincial tras la inundación de 2013 en el rincón del predio del Mercado Regional que termina entre las vías y el Arroyo Del Gato espera un nombre. Por ahora, es el “Mercadito 2” o “Nuevo Mercadito”. Para llegar hay que entrar por 1 y 520. Una calle de tierra de unos 500 metros de extensión, entre las vías y el sector de venta minorista del Mercado, hacia el Arroyo, conduce hasta la urbanización de unas 130 casas, levantadas sobre tierra yerma. Son hogar transitorio hacia un barrio de unas 300 viviendas de material ubicadas en el mismo predio. Ahí vivirán las familias que antes se apretaban en los márgenes del mencionado canal de desagüe de la Ciudad, aún en proceso de ensanche y cementación del curso. Las casas, cuyas paredes fueron armadas con paneles de cemento y yeso no son a prueba de bala. En las últimas semanas, algunos vecinos mostraron agujeros producidos por los tiroteos. Las balas atravesaron las cocinas y las piezas.

Según coincidieron diversas fuentes consultas en la zona, esos serían daños colaterales del choque entre grupos que poco o ningún interés tienen en los vecinos. “Ahí, en la zona de las vías hay una batalla entre bandas en la que deben mirarse varios temas como hipótesis del conflicto”, contó un dirigente político que durante varios años caminó por esa zona de Tolosa. Una de las claves es el Mercado Regional y la percepción de que hay negocios periféricos por controlar vinculados con el mundo del trabajo y los servicios que requiere ese polo de concentración de actividad comercial, apuntó la fuente. Esa perspectiva indica que quien controle el territorio circundante, se quedará con esas posibilidades dentro del Mercado y también con otro tipo de actividades ilícitas. Por caso, el control de las casas de uso transitorio y con ello de un sector de tierras del Mercado Regional. También, el narcomenudeo. “Esto estalló en las últimas semanas porque desapareció un poder ordenador, que en algún momento lo ejercían desde una barrabrava del fútbol o en otros desde la Policía o la política de la ciudad”, apuntó otro dirigente barrial, con amplio conocimiento de la zona. Durante los últimos días, la Asamblea de Seguridad de Tolosa denunció ante el Ministerio de Seguridad bonaerense que, detrás del drama de la droga, ahí existió una presunta connivencia policial.

Las tensiones se adjudican a grupos enrolados en dos familias con ramificaciones dentro y fuera del Mercado y del barrio. Mencionan a un clan que vuelve a sobrevolar tras un pasado con mucho peso entre los sectores de changarines que efectuaban las tareas de carga y descarga. Enfrente, otra familia afincada “del otro lado de la vía”, cruzando la calle 1 y hacia 514, asociada al sector del transporte de personas. Se le adjudica el desarrollo de una amplia actividad delictiva. Sus vínculos con policías de la comisaría sexta generaron una investigación de Asuntos Internos en 2017. A fines de año también se investigaron sus conexiones con al menos uno de los acusados por el asesinato de Abril Bogado Scenna, la nena de 12 años baleada en la madrugada del 5 de noviembre de 2017, cuando su familia fue asaltada en la puerta de su casa, situada 510 entre 11 y 12.

Los vecinos del “Nuevo Mercadito” viven aterrorizados, escuchando tiros por la noche. “Vivimos en medio de una guerra por el manejo del negocio de la droga”, aseguró un hombre que pidió reservar su identidad. Todos temen represalias y reclaman presencia “de la Gendarmería y una garita permanente de la Policía. No obstante, en estos últimos días el temor varió a indignación y varios decidieron salir a la calle a reclamar seguridad. El viernes 23 a primera hora, unas 50 personas cortaron el tránsito y quemaron cubiertas para hacer visible su protesta. Después de eso, por el barrio comenzó a circular un móvil policial. El día del piquete, la fiscal Betina Lacki se entrevistó con los vecinos. El personal judicial tomó nota del cuadro y de los balazos. Se reunieron 420 vainas.

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Negocios del barrio

Las casas, el narcomenudeo, los robos. Controlar el barrio es manejar todo eso, según diversas fuentes vinculadas a la vida de La Favela. Y los vínculos con el mundo de la política, en particular con los sectores que se acercan al poder o lo manejan. La historia es más extensa, pero la dinámica de la calle parece ser la misma. El barrio nació como “La Plata 6” en la nomenclatura del Instituto Provincial de la Vivienda cuando fue inaugurado a principios de la década de los ´80. Eran 30 monoblocks de 12 departamentos cada uno, situados en el cuadrante de las calle 17, 19, 530 y 528. El barrio creció, se ramificó y fue escenario de disputas por el control del delito en las que, según versiones coincidentes de referentes de la zona y la Policía, venció una familia, también ramificada en sus vínculos con el mundo de los barrabravas de la ciudad, el tráfico de drogas y los robos, entre otros delitos de su portafolio.

Las tensiones se adjudican a familias vinculadas al Mercado y al barrio, en Ringuelet

“Tienen poder para vender casas y luego sacar a patadas a quien se las compró”

Un asesinato puso en superficie una trama de actividades menos conocidas y lo que podría derivar en otra disputa por el manejo de un barrio. La sangre corrió en otro complejo habitacional de la zona, que va de 524 a 526 y de 19 a 17, denominado FONAVI 550. Su construcción fue iniciada en 1986 por el Instituto Provincial de la Vivienda, con el objetivo de facilitar el acceso a la casa propia a jubilados del PAMI y la Provincia. La obra se paralizó en 1994 y finalmente se concluyó en 2007 en una versión acotada, con el diseño original reciclado y un total de 260 viviendas. Según informó el Ministerio de Infraestructura de ese total, 130 fueron adjudicadas. La mitad restante está en proceso judicial por usurpación.

Un casa por un Bora

En la madrugada del 13 de marzo, Miguel Heredia recibió un tiro en la cabeza en inmediaciones de su casa, uno de los departamentos del complejo, situado en 17 entre 525 y 526. Según relata su familia, había llegado ahí 60 días antes, tras “comprar” la vivienda a quien se señala como el hombre fuerte de la zona. Le habría entregado, como pago, un Volkswagen Bora modelo 2012. Miguel, de 21 años, murió dos días después y por ese hecho la justicia detuvo a dos jóvenes de la zona, a quienes se ubica en la escena del crimen junto a otro joven, actualmente prófugo a quien se responsabiliza por el balazo fatal. Jonathan Heredia, el hermano mayor de Miguel, fue detenido el pasado miércoles, acusado de balear a Santiago Piedrabuena, un hombre de 41 años que está imputado por la organización de la fiesta clandestina en la que murió la estudiante Emilia Uscamayta Curi el 1º de enero de 2016 y se lo vincula con la familia del acusado por el ataque y muerte de Miguel Heredia. Para los investigadores es una hipótesis el móvil de la venganza.

La noche en que fue herido, Miguel estaba junto a su hermano Jonathan, la novia de éste, Dana Córboda y otros tres jóvenes del barrio. Se investiga si los acusados por la muerte de Miguel intentaban alguna clase de ajuste por un tiroteo anterior. La familia de Miguel niega cualquier vínculo con las disputas barriales y exigió que la Justicia tome declaración a quienes estaban aquella noche, incluido su hijo mayor, ahora detenido por balear a Piedrabuena.

El padre del acusado por el tiro que mató a Miguel denunció que aquella noche su casa había sido atacada en una agresión diseñada por el hombre fuerte del barrio. Dijo que su hijo estaba en pareja con la hija de aquel a quien apuntaba con su denuncia. Según disparó en declaraciones públicas, su “ex consuegro” salió a reclutar gente para vengar una supuesta situación de violencia de género.

“Las casas no son un dato menor en todo esto”, apuntó un referente del barrio. Tampoco la trayectoria y los vínculos de los nombres involucrados en los sucesos de las últimas semanas. No fue el único que lo mencionó. La transacción que realizó Miguel aparece como una muestra del poder que se ejerce en La Favela y que se empezó a tejer en el complejo cuando se desarrolló el proceso de adjudicaciones a fines de 2007. “Manejan las casas y tiene poder para venderla y sacar a patadas a quien la compró, porque no hay papeles”, confió una fuente de la zona. Un dato de las últimas semanas: la comuna instala luces y en pocas horas se rompen a desaparecen. “Hay un sector donde esta gente no quiere presencia del Estado porque se están apropiando de casas que se le adjudicaron a jubilados, como decía el plan original. Esas personas mueren y toman las viviendas. Es dramático el escenario para los vecinos del barrio”, explicó otro referente de la zona.

En la zona pronostican más derivaciones. “Quizás el asesinato de Miguel y el balazo a Piedrabuena sean emergentes de una situación donde hay rencores personales o también incluyen el control de las viviendas usurpadas, el estacionamiento en las inmediaciones del Estadio Único y ciertos vínculos que la política suele establecer con quien se identifica como una especie de dueño en la zona. Normalmente, eso no se discute en una mesa”, dijo un referente de la zona. No aparece ahí el peso de la ley. Tampoco el drama de los vecinos, aterrados por el clima de violencia.