Se impulsan reformas laborales mientras cae la calidad del empleo

La relación entre el Gobierno y un sector del sindicalismo volvió a tensarse en los últimos días, por la intención oficial de avanzar con una reforma laboral, que si bien no tendrá los rasgos de un megaproyecto para evitar una confrontación como la que generó la reforma previsional en diciembre último busca avanzar en la desregulación de diversos aspectos.

La ofensiva oficial se produce en medio de una situación laboral compleja. En efecto, según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) destaca que si bien la situación actual del mercado laboral es mejor a la de periodos anteriores, todavía la mitad de lo trabajadores accede a un empleo precario.

Según este informe sobre el mercado laboral argentino dado a conocer en coincidencia con la celebración del Día del Trabajador, el 49% de los trabajadores tiene un trabajo no registrado, trabaja como cuentapropista, en un empleo sin salario o trabajo doméstico remunerado.

LA INICIATIVA OFICIAL

El plan oficial apunta a modificar la normativa vigente en materia laboral, para lo cual busca un amplio respaldo para sancionar sus proyectos laborales sin afrontar una crisis política o un enfrentamiento abierto con sectores tanto gremiales y los más negociadores de la oposición política.

Según trascendió, la administración de Mauricio Macri busca dosificar las iniciativas de modificación de las relaciones laborales, pero cuidándose de no alterar el modelo sindical. Aún así, el plan enfrenta serios obstáculos y algunos de los sectores gremiales más afines a Cambiemos han sufrido desprendimientos en el último tiempo, mientras quie desde sectores políticos se advirtió que una reforma laboral no avanzará en el Senado.

En efecto, precisamente en la Cámara alta se tiene previsto abrir en comisión en los próximos días el debate de tres proyectos de reforma laboral que fueron remitidos por el Poder Ejecutivo.

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Estas iniciativas apuntan a la regularización de trabajadores no registrados, a la creación de una agencia nacional de evaluación de tecnología de la salud y al sistema de prácticas formativas de los estudiantes.

Uno de los proyectos incluye una modificación del cálculo de las indemnizaciones por la que no se tendrían en cuenta premios, bonos ni el sueldo anual complementario (SAC).

Hasta el momento, se calculan sobre el sueldo más alto percibido por el empleado al momento de ser cesanteado, y a esto se le suman bonos o premios, el SAC y todo “reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”.

INDEMNIZACIONES EN LA MIRA

El Ejecutivo planea utilizar en lugar de las indemnizaciones la creación de un fondo de cese laboral, el cual sería constituido mediante un convenio colectivo, suscrito por las cámaras y el gremio principal década sector.

De esta forma, el empleador aportaría mensualmente un porcentaje del sueldo más adicionales remunerativos y no remunerativos. Se trata de una modalidad ya usada en la construcción. Otra de las iniciativas polémicas prevé la creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud). Se trata de un órgano autártico encargado de delinear el Plan Médico Obligatorio, es decir, las prestaciones mínimas que deberán ofrecer las obras sociales. Pero, además, “será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria”, por lo que el Gobierno responde así uno de los principales reclamos de las obras sociales.

Estas iniciativas estaban incluidas en el proyecto ampliado de reforma laboral cuyo tratamiento fracasó a fines del año pasado en el Congreso a raíz de los fuertes cuestionamientos que recibió por parte de la oposición y organizaciones sindicales.

El primero de los proyectos se refiere a la regularización del trabajador no registrado así como a la rectificación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación laboral. En el texto se propone la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) a aquellos empleadores que blanqueen a sus empleados.

El proyecto plantea que las relaciones laborales deberán efectivizarse dentro de los 360 días contados desde la reglamentación de la ley e indica que “podrán incluirse en el régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial”.

INGRESOS

En este marco toma especial relevancia el informe de Idesa donde se destaca que la baja calidad del empleo para los trabajadores de hogares pobres impacta directamente en su capacidad de generar ingresos.

La informalidad afecta más a ciertos grupos (pobres, jóvenes y mujeres) ya que acceden a trabajos menos productivos, afectando su capacidad de generar ingresos.

En los hogares pobres predominan empleos informales y sufren más dificultades para encontrar empleo , por eso, tienen mayor desempleo y participan menos en el mercado laboral.