Los tarifazos no solucionan el déficit

Cambiemos enfrenta una resistencia cada vez más significativa a la aplicación del tarifazo en los servicios públicos esenciales, que esta semana volverá a tratarse en la Cámara de Diputados, que esta vez no requerirá una mayoría espacial para la aprobación de sus modificaciones.

Además, según un informe de la consultora Economía & Regiones el Congreso rechazó la iniciativa del Poder Ejecutivo de buscar “cargar el costo fiscal sobre provincias y municipios”.

Dentro de los proyectos presentados por la oposición, la iniciativa de “ley de razonabilidad en las tarifas de servicios públicos”, elaborado entre el massismo y el bloque de los gobernadores podría ser aprobado y si también tiene el aval del Senado podría convertirse en ley, lo que según trascendió generaría el veto presidencial.

QUE SE BUSCA

El proyecto impulsa que el aumento de tarifas no podrá exceder el incremento promedio de los salarios para los usuarios residenciales, ni el índice del IPC mayorista para las pymes; establece una reducción de la alícuota del IVA en los siguientes 12 meses de entrada en vigor de la ley, que luego deberá recomponerse en los 3 años subsiguientes de manera escalonada a los fines de alcanzar nuevamente el alícuota original.

Además crea “el Régimen Nacional y Universal de Beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos, que bonificará el 80% del precio del suministro Eléctrico y/o Gas Natural o Propano y/o Agua Corriente que los beneficiarios (jubilados y pensionados, monotributistas, beneficiarios de pensiones no contributivas, usuarios que reciben seguro de desempleo, veteranos de Malvinas, clubes de barrios, entidades de bien público, etc.) consuman más los costos fijos administrativos de los servicios, estableciendo un IVA de 0% para este tramo.”

La consultora destaca que ante todo, hay que dejar bien en claro que las tarifas de los servicios públicos debían ser ajustadas significativamente. En el período 2001/2015 la inflación acumuló +1.310%. Paralelamente, la canasta básica de alimentos aumento +1.922%, ya que pasó de $63 (según Indec) a $1.274 (según FIEL) entre diciembre 2000 y diciembre 2015.

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Sin embargo, las tarifas de Edenor y Edesur (5%) y Metrogás (1,5%) prácticamente no se ajustaron en el mismo período.

En este marco, el Gobierno aplicó un agresivo programa de ajuste de tarifas subiendo las tarifas de electricidad y gas en promedio ponderado un $1.973% y $2.178%; respectivamente.

En este escenario y en pesos, con estos ajustes las tarifas de electricidad y gas quedarían aproximadamente en torno a un 10% por debajo de la inflación acumulada desde diciembre 2002.

Este ajuste de tarifas de luz, gas y agua persigue dos objetivos simultáneos, por un lado, readecuar los cuadros tarifarios para mejorar los balances y las cuentas de resultados de las empresas para propulsar la inversión y, por el otro, reducir los subsidios económicos de manera de bajar el gasto primario y el déficit fiscal.

Según Economía & Regiones, el problema es que el programa de ajuste de tarifas del Gobierno ha sido de shock para los individuos, pymes y empresas, y gradual para la macroeconomía; cuando en realidad debería haber sido exactamente al revés.

En otras palabras, el actual programa de ajuste de tarifas tiene un fuerte impacto en el bolsillo de la gente y sobre las cuentas de resultados de las pymes y empresas, pero un impacto moderado en la reducción de los subsidios económicos, gasto público y déficit fiscal.

Concretamente, a pesar del fuerte ajuste de tarifas de luz, gas y agua, los subsidios económicos no sólo bajan lentamente, sino que se reducen significativamente menos que lo que nuestra macroeconomía necesita.

Con estos ajustes las tarifasquedarían un 10% por debajo de la inflación acumulada desde 2002

Puntualmente, los subsidios económicos bajan de 4,2% (2015) a 2,4% (2017) del PBI. Y si todo “sale bien”, caerían a 1,7% del PBI hacia fines de 2018. En este marco, el déficit primario bajaría de 3,9% (2015) a 3,8% (2017) y 3,2% (2018).

Paralelamente, el déficit financiero aumentaría de 5,9% (2015) a 6,7% (2017) y 6,5% (2018) del PBI. Y si todo “sale bien”, el déficit primario y el déficit financiero caerían respectivamente a 2,2% y 5,8% del producto en 2019.

En otras palabras, una insuficiente baja de los subsidios económicos y la falta de recortes en otras cuentas del gasto público hacen que el déficit fiscal financiero (con intereses) prácticamente no se reduzca en términos del producto cuando se compara 2019 (5,8%) con 2015 (5,9%). Y dado que el gradualismo fiscal se financia con deuda, en 2019 tendríamos un déficit fiscal similar al del 2015 pero con 20 puntos más de deuda