Los tomadores de créditos UVA se convocaron hoy en el Senado bonaerense para exigir una ley nacional que ponga un freno al incremento del capital adeudado y, consecuentemente, establezca el cese del permanente aumento de las cuotas, cuyos valores están indexados a la inflación -así lo prevé el sistema-. En el recinto, algunos beneficiarios expusieron sus acuciantes situaciones y criticaron la medida anunciada días atrás por la gobernadora, María Eugenia Vidal, que impone hasta diciembre de este año que la cuota no supere el 30 por ciento de los salarios y la diferencia la absorba el Banco Provincia. En ese sentido, sostienen que la sanción de una la ley como la que impulsan dará mayor previsibilidad más allá del gobierno de turno.

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Juan Mansilla, uno de los deudores que este mediodía tomaron la palabra ante el cuerpo de senadores, criticó que la propuesta del gobierno provincial "no representa un alivió, ya que es por seis meses y nadie sabe que va a pasar después, sino también porque no establece un freno al incremento del capital". En ese sentido, sostuvo que "el 30 por ciento del sueldo representa mucho para un presupuesto familiar" y que "resulta inviable para la mayoría de las familias que contrajeron el crédito bajo esta modalidad".

El deudor aseguró que a diferencia de lo que propuso la mandataria provincial, la ley que proponen para todo el territorio nacional busca "previsibilidad, razonabilidad y que deje de aumentar el capital para que, se ese modo, también deje de inflarse la cuota mensual", que los ahoga mes a mes y pone en jaque la economía de las familias. Para los tomadores de los UVA, la medida de Vidal "es paliativa y cortoplacista, dejándonos aún más a la deriva después del 31 de diciembre de 2019". Mansilla afirmó que "el tiempo mínimo de los créditos hipotecarios es de 10 años y el máximo, de 30" y que "la medida contempla apenas unos pocos meses".

Para dimensionar la situación que atraviesan las familias que todos los meses deben afrontar las cuotas, el beneficiario precisó que en su caso tomó un capital inicial por $2.500.000 en noviembre de 2017. Sin embargo, a abril de 2019, a pesar de las cancelaciones de cuotas, el capital de deuda se elevó a $4.300.000. Otro dato alarmante, según precisó a partir de su experiencia con los UVA, es que de una cuota inicial de $14.900, pasó a pagar $25.900.

En el Senado, los deudores volvieron a exigir “una ley que nos proteja en el ámbito provincial  y a nivel nacional, porque queremos una poder pagar nuestras casas a un precio justo y razonable”.