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La oscura historia del denunciante de los empresarios platenses, acusado de entrar droga a cárceles
15 de Enero de 2020 | 18:12

EL DIA publicó hoy en su edición impresa la denuncia de Matías Ávila, ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense, contra tres empresarios platenses por estafas. Los acusados son Luciano Andrés Carreón y Sebastián Galli (ex jugador de rugby en el Club San Luis) y el contador Ignacio Mercado (también jugador de rugby marista y hermano de Eugenia, la ex secretaria del camarista Martín Ordoqui imputada en una causa por presunto pedido de dinero a cambio de beneficios procesales).

La fiscalía 7 a cargo de Virginia Bravo los investiga porque Ávila sostiene que en 2016 invirtió una suma en dólares para comprar  seis propiedades a construir en City Bell a través de un fideicomiso. Según su denuncia, entregaba cheques en una oficina de Plaza Paso y, aparentemente, después de un año de “no tener resultados”, quedó excluido de los fideicomisos. Lo cierto es que si bien recibió parte de lo invertido, las sumas quedaron consignada en un expediente judicial, “pesificadas y con descuentos por gastos”, se informó, lo que impulsó a Ávila a presentar la denuncia penal ante la UFI de Bravo.

La noticia recorrió cada rincón de la Ciudad y una muestra de ello es que se transformó este miércoles en una de las notas más leídas de eldia.com. Ahora bien, ¿quién es el denunciante? Matías Ávila fue investigado por la Justicia Federal de Mar del Plata por una denuncia del Ministerio de Justicia que asegura que una empresa de lavandería que estaba a nombre de su madre era la fachada de una organización que se dedicaba a ingresar droga oculta entre la ropa sucia para luego venderla a los internos. Según la investigación, una de esas unidades penitenciarias era la de Melchor Romero y la otra la de Batán.

Según reporta el sitio Infobae.com, esta presunta maniobra le habría reportado enormes ganancias entre 2008 y 2017. También en el artículo se asegura que Ávila aprovechó su pasado como ex penitenciario para firmar el convenio con las dos unidades penales a través de la empresa de limpieza Asepsia Industrial, la cual figuraba como proveedora del Estado bonaerense. Según pudo establecer la Justicia federal, el empresario utilizaba de manera exclusiva las instalaciones de los dos penales, por lo que no se vio obligado a realizar una inversión de capital propio e incluso aprovechaba la mano de obra barata que le ofrecían los internos. Incluso como fue empleado del SPB desde 1990 hasta 2006, no tuvo la necesidad de presentarse a un concurso a partir de un llamado a licitación, se remarca en la nota.

“Para el desarrollo de esta maniobra resultó imprescindible el conocimiento y la vinculación de Ávila y del ex director de la Unidad Penal 15 de Batán, José Luis Rodríguez en relación al funcionamiento y al personal del Servicio Penitenciario”, dice parte del expediente, en el mismo que se da cuenta de que la banda realizó maniobras para evadir impuestos y utilizó un doble sistema de facturación, ya que los ingresos no se condecían que la vida que llevaban. “Dichas actividades conllevaron a que varios de los sujetos aquí implicados adquirieran rodados, embarcaciones e inmuebles y desarrollaran un nivel de vida sin tener actividad comercial o ingreso lícito suficiente que pudiera, de momento, justificar tales patrimonios”, expresa el expediente al que accedió Infobae.

Otro dato clave que se aporta en la nota es que los ingresos atribuidos a Ávila en 2017 como monotributista, fueron de 15 mil pesos mensuales cuando, según sostienen, llevaba una vida de lujos. Lo cierto es que el juez de la causa resolvió procesar por lavado de activos agravado a Ávila y a otros supuestos cómplices, todos ellos integrantes de una asociación ilícita conformada para lavar dinero en forma habitual y organizada, proveniente de infracciones a la ley de estupefacientes y la ley de impuesto a las ganancias. Salvo dos, el resto de los imputados quedó libre, incluido Ávila.

Por estas horas Ávila es noticia en nuestra ciudad al denunciar a reconocidos empresarios y profesionales platenses. Ahora la Justicia tendrá la última palabra para saber su el ex agente del SPB fue estafado o no.

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