Sin perjuicio de desarmar a la población, la Policía debe frenar al delito

La intención de muchos vecindarios de La Plata de armarse para enfrentar a una ola de violencia delictiva en alza, autora de episodios gravísimos que están costando vidas –con el propósito de esos civiles de estructurar un sistema de “justicia por mano propia”, cuestionada siempre desde este diario- derivó ahora en la presentación de un proyecto legislativo por parte de una ONG platense que apunta a un desarme voluntario sobre todo en los barrios más vulnerables.

La propuesta impulsada por “La Plata Solidaria” reflejada ayer en detalle en este diario, se basa en estadísticas delictivas que marcan un auge del delito y un número existente en el mercado irregular, en el país que supera los 4 millones de armas de fuego.

Al explicar el propósito de disminuir ese número aseguraron que “este aporte que pretendemos hacer tiene como objetivo desarrollar un programa de desarme en barrios populares, sin ningún tipo de estigmatización ideológica, política o social”.

El plan detallado alude a la necesidad de que centenares de miles de jóvenes recuperen sus estudios y obtengan trabajos formales, además de promover distintos tipos de programas para enfrentar el fenómeno de la droga.

Sin perjuicio de valorar esta iniciativa que, ahora, será sometida a análisis por las instituciones específicas, entre ellas la Legislatura bonaerense y aquellos otros organismos públicos y especialistas que puedan ser objetos de consultas previas, corresponde en forma prioritaria volver a reclamar que la Policía bonaerense –la primera y más visible responsable del tema de la seguridad de la población- recupere la eficacia perdida y se convierta en la barrera eficaz que debe ser contra el delito.

No hay ocasión en la que se debata sobre tema de la creciente inseguridad en la Región, en la que expertos y los propios vecinos que participan en reuniones con las autoridades no aludan a la necesidad de que la Policía, mejor capacitada y dotada de recursos, recupere una mayor presencia en las calles.

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Existen en cambio, lamentablemente, muchos ejemplos objetivos de la inexplicable inacción policial. Hace pocas semanas se informó que en la Comisaría Décima de City Bell –una de las localidades más castigadas del distrito por una descontrolada ola delictiva, con asaltos muy violentos- había unos 15 agentes destinados en las nóminas al servicio de calles, pero que en esos mismos turnos cumplirían otras “funciones “ que supuestamente les eran asignadas y que en su mayor porcentaje también serían cobradas por sus superiores.

Bienvenidas sean todas aquellas iniciativas que apunten a otorgarle mayor seguridad a una población que vive atormentada e indefensa, desde hace muchos años, por una ola delictiva que no sólo no se detiene sino que avanza.

En ese contexto, lo primero que se necesita es que la fuerza policial de la Provincia –que forma parte de un sistema de seguridad integrado por los tres poderes del Gobierno- se convierta en eficaz y que, además, sepa reinsertarse en la sociedad a la que pertenece. Y así volver a ser la que supo ser en sus mejores tiempos, cuando fue una solución y no un problema.

Para ello debería mejorar en forma sustancial la capacitación y el nivel de conocimientos de los aspirantes a sumarse a ella y, al mismo tiempo, hacerse sentir en las calles como la fuerza disuasiva que debe ser, poniéndose a la cabeza en la lucha contra el delito.

Y si se quisiera hallar un dato positivo, debe volver a señalarse que, a pesar de sus graves falencias, la Policía sigue contando con el respaldo de los vecinos.

Una confianza que no debería ser malograda por tantos errores y desvíos institucionales como los que se advierten.