Empresario quilmeño detenido hasta el juicio oral por vaciamiento de DEPOFER

El Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó el pedido de habeas corpus presentado por la defensa del empresario siderúrgico quilmeño José Rossi, quien permanecerá detenido con prisión preventiva hasta el juicio oral y público previsto para el 1 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº5 de Quilmes. En este juicio, Rossi será juzgado junto a su hijo Matías Rossi, quien ya fue condenado en Salta, la madre de este último y un contador, por el presunto vaciamiento de la empresa metalúrgica DEPOFER S.A.

La defensa de Rossi, encabezada por el abogado José Fernando Teseyra, había solicitado el cese de la prisión preventiva, argumentando que su cliente, detenido desde el 9 de febrero de 2023, había excedido el plazo máximo de dos años estipulado por la ley 24.390. Además, denunciaron la falta de tramitación oportuna de la prórroga por parte del Ministerio Público Fiscal. Tras el rechazo de la Fiscalía de Juicio, el Tribunal Oral y la Cámara de Apelaciones y Garantías, la defensa recurrió al Tribunal de Casación.

Sin embargo, la Sala V de Casación desestimó el planteo, considerando que el habeas corpus no era la vía legal adecuada en este caso, ya que la defensa había utilizado previamente el recurso de apelación ordinario y no se encontraron elementos de gravedad institucional que justificaran una excepción. Los magistrados Manuel Alberto Bouchoux y Daniel Carral señalaron en su fallo que "el habeas corpus formalizado como un recurso no constituye una acción constitucional y, en el caso que fuera utilizado como acción, tampoco autoriza a sustituir el criterio de los jueces de la causa".

De esta manera, el empresario quilmeño José Rossi deberá permanecer detenido hasta el inicio del debate oral fijado para el 1 de septiembre en los tribunales de Quilmes, donde se analizarán las acusaciones en su contra. Su defensa anticipó la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario federal.

José Rossi está imputado, junto a su hijo Matías José Rossi, por los delitos de “defraudación por afectación maliciosa del normal funcionamiento de un establecimiento comercial en concurso real con administración fraudulenta en concurso real con suscripción engañosa de documentación en concurso real con coacción agravada”, en concurso real con el delito de “asociación ilícita” en su rol de “organizadores”. Rosa Olinda Caracciolo (madre de Matías Rossi) y el contador Bernardo Dambrosio también están imputados como “miembros” de esta presunta asociación ilícita, aunque ambos se encuentran en libertad.

La investigación que involucra al empresario quilmeño se inició en 2016 a partir de una denuncia de sus sobrinos, Sebastián Luis Rigiracciolo y Alejandro Fabián Rigiracciolo, socios de la empresa metalúrgica DEPOFER S.A., quienes lo acusaron de vaciar la compañía. Los denunciantes sostienen que Rossi se apropió de los predios de la empresa y creó cuatro nuevas firmas utilizando los bienes de los damnificados.

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La extensa investigación incluyó allanamientos a nivel nacional, escuchas telefónicas y testimonios que detallaron el presunto modus operandi, mediante el cual se trasladaba mercadería de DEPOFER S.A. a través de la empresa PRESOL, ocultando la documentación de los materiales. En los operativos se secuestraron 3.700 toneladas de material siderúrgico valuadas en 2.500 dólares por tonelada en empresas vinculadas a Rossi, incluyendo predios en Río Grande, Tierra del Fuego.

Según los denunciantes, el vaciamiento de DEPOFER S.A. superaría los 15 millones de dólares y habría comenzado tras el fallecimiento del fundador de la empresa, padre de los hermanos Rigiracciolo. Alegan que José Rossi se habría apoderado de la firma comprando bienes con dinero de DEPOFER y desviándolos hacia otras empresas creadas por él y su hijo Matías Rossi. Además de esta causa por el vaciamiento de DEPOFER, los Rossi enfrentan otras causas civiles y penales, incluyendo denuncias por amenazas de muerte a una jueza de Quilmes y por defraudación a bancos y a un prestamista.