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La Casa Rosada reactivó las negociaciones con gobernadores y bloques aliados. Confía en reunir los votos necesarios
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Luego de cerrar el primer tramo de sesiones extraordinarias con la aprobación del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional volvió a poner en marcha la negociación política por la reforma laboral, una de las iniciativas centrales de la agenda económica del presidente Javier Milei. La intención oficial es clara: lograr su sanción durante febrero y llegar al inicio del período ordinario con un nuevo triunfo legislativo.
En la Casa Rosada consideran que el escenario es favorable, aunque admiten que el debate será más complejo que el del Presupuesto. Aun así, el oficialismo apuesta a aprobar la iniciativa con modificaciones durante el segundo período de extraordinarias, evitando dilaciones que obliguen a reabrir el debate en el Senado.
Para avanzar con el proyecto, el Ejecutivo conformó una mesa política con interlocutores definidos. Diego Santilli retomó el diálogo con los gobernadores y abrirá la ronda de contactos del año con una visita al mandatario de San Luis, Claudio Poggi, en un gesto orientado a reforzar el respaldo de las provincias.
En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabaja sobre los bloques aliados para recomponer vínculos tras la última sesión. Allí, además de aprobarse el Presupuesto, el oficialismo acordó con sectores del peronismo la designación de representantes en la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que dejó fuera al PRO, uno de sus principales socios parlamentarios, que reclamaba un lugar en el organismo de control.
Menem prevé intensificar las negociaciones a partir de mediados de enero y seguirá de cerca el tratamiento del proyecto en la Cámara alta, donde se definirán las modificaciones finales al texto original.
Uno de los principales objetivos del Gobierno es que la Cámara de Diputados apruebe la reforma laboral sin cambios respecto de lo que se acuerde en el Senado. De ese modo, el oficialismo busca evitar que el proyecto vuelva a la Cámara alta y se extiendan los plazos parlamentarios, algo que pondría en riesgo el calendario previsto.
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Desde el entorno presidencial aseguran que cuentan con los votos necesarios en Diputados, con el respaldo habitual del PRO y de los bloques provinciales que vienen acompañando las iniciativas de La Libertad Avanza. Además, aspiran a sumar el apoyo de la Unión Cívica Radical, que impulsa modificaciones vinculadas al funcionamiento sindical y a la modernización de las relaciones laborales.
La ministra Patricia Bullrich quedó a cargo de las conversaciones con los sectores dialoguistas de la oposición. En el Gobierno reconocen que no se repetirá el amplio respaldo logrado con el Presupuesto, que obtuvo 46 votos positivos en el Senado, incluyendo apoyos del peronismo. Sin embargo, confían en alcanzar la media sanción durante febrero.
En ese contexto, el Ejecutivo observa con atención las divisiones internas del peronismo. En el debate presupuestario, el oficialismo logró sumar el respaldo del catamarqueño Guillermo Andrada, alineado con el gobernador Raúl Jalil; de la tucumana Sandra Mendoza, cercana a Osvaldo Jaldo; y de la jujeña Carolina Moisés, enfrentada con La Cámpora. Aunque en el Gobierno evitan anticipar un escenario similar, admiten que esas fracturas podrían volver a jugar un rol clave.
Antes de avanzar sobre eventuales apoyos opositores, Bullrich deberá ordenar el frente interno. Tanto el PRO como la UCR plantearon objeciones al proyecto enviado por la Casa Rosada y reclaman modificaciones en artículos que, según sostienen, no guardan relación directa con la reforma laboral.
Entre los puntos cuestionados figuran la derogación del estatuto del periodista y la eliminación del financiamiento del INCAA, medidas que sectores de la oposición consideran ajenas al objetivo central de la iniciativa y que podrían trabar el acompañamiento legislativo.
Durante enero se espera una ronda de negociaciones para introducir cambios al texto que ya obtuvo dictamen de comisión en el Senado, aunque con disidencias. El peronismo, en tanto, se negó a integrar las comisiones, luego de que el oficialismo acordara el reparto de lugares con los bloques aliados y conformara una mayoría de 42 senadores.
Con el proyecto habilitado para su tratamiento en el recinto durante el segundo tramo de sesiones extraordinarias, el Gobierno encara un mes decisivo para el futuro de la reforma laboral. La meta oficial es despejar las resistencias internas, consolidar los apoyos necesarios y llegar a marzo con la iniciativa sancionada, en un movimiento que busca fortalecer la posición política del Ejecutivo de cara al inicio del período ordinario del Congreso.
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