Aplican “tolerancia cero” con fiestas clandestinas

El esquema de “mano dura” que prevé implementar la Comuna en materia de prevención de fiestas clandestinas sigue incorporando mecanismos de sanción y advertencia. Según afirmaron fuentes municipales, las multas por promover o tener un papel relevante en el desarrollo de este tipo de celebraciones podrían rozar el millón de pesos. E irían de la mano con clausuras y arrestos.

El tema genera fuerte preocupación en diferentes sectores de la Ciudad tras la muerte de Emilia Uscamayta Curí en una fiesta clandestina realizada lº de enero pasado en una quinta de Melchor Romero, episodio que complicó al titular del área de Seguridad local, Daniel Piqué, a quien en la fiscalía penal de Alvaro Gargante otro funcionario municipal responsabilizó por la no clausura del predio donde se realizó ese evento.

“Estamos implementando una serie de acciones para evitar cualquier situación de peligro” explican los portavoces comunales: “es una época del año en la que suelen proliferar estos encuentros. Vamos a reunirnos en Fiscalía para reclamar que ante las infracciones que se labren sean aplicadas las penas máximas contempladas en la ley”.

Roberto Di Grazia, titular de Control Ciudadano, precisa que una convocatoria se transforma en “clandestina” cuando se desarrolla “en un marco de masividad, con venta de entradas y alcohol; muchas se promueven como ‘cumpleaños’, pero la realidad es que son espacios que funcionan como boliches encubiertos, al aire libre, y en su mayoría sin papeles”.

Los “papeles” ausentes son, con mayor frecuencia, la autorización de Obras Particulares y la Agencia de Recaudación municipal, los Bomberos y el registro de venta de bebidas alcohólicas (REBA).

“El municipio va a denunciar cada fiesta clandestina que se detecte por medio de redes sociales, folletería o denuncias de los vecinos, las 24 horas en el 0-800-999-5959” se abundó: “y cuanto más rápido actúe la Justicia más rápido se podrá desbaratar el evento; está previsto accionar legalmente no sólo contra los organizadores, sino contra los dueños de las propiedades en las que se realicen e incluso contra los disc-jockeys”.

Darío Ganduglia, secretario de Legal y Técnica platense, subrayó que “para esas situaciones pueden entrar en consideración la peligrosidad del infractor y el riesgo común creado, mientras que en el ámbito penal podría aplicarse la figura de ‘desobediencia’ -hasta un año de prisión- y resistencia a la autoridad agravada -hasta dos años-, con sumatoria de penas”.

DENUNCIA

Un grupo de vecinos del barrio platense de La Cumbre expresó ayer su descontento por “las fiestas privadas que se desarrollan en un predio de 133 y 35, sin habilitación municipal ni condiciones acústicas adecuadas”.