El juez federal Claudio Bonadio clausuró a investigación en la causa denominada “dólar futuro”, en la que está procesada la ex presidenta Cristina Fernández, y le envió el expediente al fiscal Eduardo Taiano para que proponga la elevación a juicio oral y público.
El trámite, de todos modos, podría sufrir demoras, pues varios de los imputados presentaron la semana pasada un recurso de apelación contra sus procesamientos, que aún está pendiente de resolución por la Cámara Federal de Casación Penal.
etapa “agotada”
Bonadio consideró que la etapa de instrucción de la causa está agotada, y en consecuencia, después de que los procesamientos dictados por él fueran confirmados por la Cámara Federal, consideró que el expediente está en condiciones de pasar a la etapa de debate.
La ex presidenta y el ex ministro de Economía Axel Kicillof no apelaron sus procesamientos y proclamaron su intención de que la causa pasara rápidamente a la etapa de debate. Pero sus consortes de causa -Alejandro Vanoli, Miguel Angel Pesce, Pedro Biscay, Alejandro Formento, Germán Feldman, Cristian Girard, Guillermo Paván, David Jacoby, Bárbara Domatto Conti y Mariano Beltrami-, sí lo apelaron y sus recursos pasaron a estudio de la Casación, el máximo tribunal penal del país.
Bonadio le envió el expediente al fiscal Taiano para que formule el requerimiento de elevación a juicio, y lo propio hará luego con cada uno de los imputados.
En esta instancia las partes pueden oponerse al pase a la etapa oral, argumentar que hay decisiones trascendentes pendientes o, incluso, pedir el sobreseimiento de los imputados.
Sin embargo, la decisión de enviar la causa a juicio o no es un resorte que depende, en primera instancia, del juez Bonadio.
la acusacion
La ex presidenta Fernández fue procesada por “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por el juez Bonadio.
El juez acusó a la ex mandataria de haber aprobado una operatoria que habría significado “una pérdida de 17.000 millones de dólares” al BCRA.
“Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de U$S 5.000 millones a U$S 17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo Bonadio en su fallo.
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