Vuelcos cloacales en el arroyo El Gato, una “bomba” sanitaria

Cinco cuadras al noroeste del Mercado Regional, allí donde la mancha urbana de Ringuelet encuentra su límite en los bañados y el partido de La Plata en las tierras bajas de Ensenada, se desarrolla un desastre ambiental en cámara lenta. El canal Del Gato -salida de la mayor cuenca hídrica de la Región hacia el Río de La Plata- y sus campos ribereños reciben a diario miles de litros de residuos cloacales sin tratamiento.

Sobre las instalaciones abandonadas de una antigua planta de tratamiento de aguas negras que nunca funcionó, entre pastizales y terraplenes, la pestilencia avanza a partir de bocas de registro convertidas en válvulas de escape de líquidos servidos, zanjones que canalizan los desechos desde piletones y barriales hacia el curso de agua, y tuberías pinchadas que dibujan una evidente “pluma” de contaminación en su superficie.

Se trata de un problema que las empresas estatales y privadas que gestionaron el servicio en las últimas décadas no supieron o no quisieron solucionar, y se agrava en tanto crece la densidad de población en Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Villa Castells y Ringuelet. Localizado en una zona de acceso complicado, entre las vías del Roca y la Autopista, los vecinos no lo ven, pero lo huelen. Y lo padecen.

El estudio más reciente acerca del arroyo El Gato, realizado por la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional, corroboró lo que venían poniendo de manifiesto todos los análisis previos de ese cauce: se trata de una virtual cloaca a cielo abierto, con una presencia de bacterias fecales cinco veces mayor a la permitida -25 mil por mililitro, cuando no deberían ser más de 5 mil-, además de residuos sólidos domiciliarios y desperdicios industriales que son arrastrados hasta desembocar por medio del río Santiago en el estuario del Plata, a un kilómetro de la toma de agua para potabilizar en la planta Donato Gerardi de Punta Lara.

Encargado por Clínica de Derechos del Consumidor de Ciencias Jurídicas, que sustanció con sus conclusiones una demanda judicial (ver aparte), el mismo trabajo reveló que el caudal cloacal que brota de las cámaras que se encuentran en la planta de tratamiento desactivada aumenta cada año. Y sentenció que “el 2 de abril de 2013, muchos habitantes de Ringuelet se inundaron, y algunos se ahogaron”, con aguas servidas”.

La situación disparó diferentes movidas vecinales; la más reciente en 2012, con un piquete frente a las oficinas de ABSA en 54 entre 2 y 3. En esa ocasión, integrantes de dos entidades comunitarias denunciaron que “la empresa tira directamente el agua servida al arroyo a pesar de que tiene ahí mismo los piletones de tratamiento, que por la falta de obras y limpieza se llenaron de juncos y totoras; hicieron un by-pass con un caño enorme y una bomba, que toma toda la porquería que viene de la ciudad y la impulsa al agua”·,

En los últimos días, las quejas por “un fuerte olor nauseabundo” recrudecieron en sectores de Ringuelet y Tolosa.

EL DIA consultó a ABSA por estas denuncias. Si bien indicaron que estaban estudiando la cuestión, finalmente no brindaron mayores precisiones.

LA BATALLA JUDICIAL

En agosto de 2013, alcanzó estado judicial un pedido de exención de las tasas que cobra Aguas Bonaerenses por servicios cloacales -y multas a la empresa- hasta tanto los efluentes no recibieran tratamiento. Fue promovido por un grupo de vecinos del Norte platense, a través de la Clínica del Consumidor de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional.

La demanda, que nació en el seno de un proyecto de extensión, fue radicada en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº3, a cargo de Francisco Terrier. El magistrado, si bien convocó a litigar a todos los usuarios de Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa que lo consideraran pertinente, denegó la pretensión de los abogados de concretar una acción colectiva, figura que favorecería a todos los clientes de ABSA afectados por el problema y no solo a los demandantes.

Jorge Martínez, uno de los abogados de la Clínica, explicó que “el juez descolectivizó el proceso, y lo limitó a aquellas personas que se presentaron en la demanda, es decir unas 20”. Este giro en la causa motivó una apelación de los usuarios, y el caso actualmente se halla en la Suprema Corte provincial.

“Estamos esperando que se resuelva la cuestión procesal; la Corte debe determinar si se trata de una acción colectiva o no” explica José María Martocci, desde el programa de Clínicas Jurídicas de la UNLP: “mientras tanto, el impacto de la contaminación es cada vez más evidente; basta con bajar la ventanilla del auto a la altura del arroyo El Gato, cuando se cruza por la Autopista, para percibir de inmediato el olor que provocan los vuelcos”.