Los detalles de la causa por la que se ordenó la detención de Jaime

La causa penal en la que hoy se ordenó detener al ex secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, investiga la compra de material ferroviario a España y Portugal por montos que se consideraron de una "desproporción exorbitante" en relación a la calidad de lo adquirido, que -en muchos casos- ni siquiera sirvió para ser utilizado como repuestos. "Los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real", advirtió el juez Julián Ercolini en la resolución en la que dispuso detener a Jaime y a su ex asesor, el español Manuel Vázquez.

Y en virtud de ello consideró que lo ocurrido "hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la Administración Pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas y que justamente debían proteger el patrimonio estatal". Ercolini aludió al perjuicio económico ocasionado al Estado porque las compras hechas, en su mayoría vagones destinados al ferrocarril Belgrano Cargas que nunca se utilizaron, "no sirvieron ni siquiera como repuestos". El objetivo del plan en el marco del cual se hicieron las adquisiciones era modernizar la flota ferroviaria, algo que no se cumplió.

Jaime era titular de la Secretaría de Transporte de la Nación y fue quien firmó los contrato como parte de convenios internacionales en el llamado "Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional" y él fue quien ordenó los pagos. Esos contratos se firmaron con las empresas españolas Renfe y Feve por 76.313.108.85 euros (cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella fecha) y con la portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses por un total de euros 25.639.896 (99.976.197,74 pesos). En la investigación se determinó que Vázquez, quien figuró como asesor ad honorem de Jaime en su gestión, estaba vinculado a Caesa y "obtuvo beneficios para sí y para terceros" en la firma de contratos.

"Las facturas incorporadas en el trámite del expediente verifican las altas comisiones cobradas en concepto de honorarios por la empresa CAESA -que fue designada por la Secretaría de Transporte para la prestación de servicios de asistencia técnica en relación al material ferroviario adquirido a España y Portugal-, dinero que cabe sospechar determinó la dirección de sus intervenciones en las conductas descriptas", concluyó el juez. Uno de los que también fue citado a indagatoria fue Ignacio Soba Rojo, presidente de Caesa. Otro de los citados, Juan Pablo Schiavi, participó de la última etapa de concreción de los acuerdos.