Herramientas de defensa contra la contaminación sonora que afecta a la Ciudad

En numerosas oportunidades se ha reclamado en esta columna acerca de la necesidad de que exista una mayor valoración institucional del medio ambiente y, a partir de ella, de que existan para los habitantes herramientas de defensa frente a los diversos tipos de contaminación que los acosan. De este modo, se ha dicho también, no sólo se ofrecerán respuestas eficaces a la población, sino que podrán alcanzar vigencia práctica aquellos principios doctrinarios recogidos por las nuevas cartas constitucionales y por las leyes que apuntan a esos mismos objetivos.

Tales consideraciones parecen oportunas para valorar un reciente fallo de la Suprema Corte bonaerense que le dio razón a un grupo de vecinos de La Plata, que hace poco más de dos años impulsaron una acción de amparo ambiental por ruidos molestos generados por locales nocturnos en distintos puntos del casco urbano.

Los vecinos habían invocado los perjuicios que debían atravesar en aquellos entornos urbanos afectados por la presencia de locales que inicialmente fueron habilitados como bares y que, con posterioridad, se habían convertido en boliches nocturnos en zonas de viviendas, causando allí trastornos propios de la actividad de esos establecimientos, sin que la Municipalidad, dijeron, hubiera ejercido el poder de policía que le concierne en lo que se refiere al manejo de la nocturnidad.

Más allá de las clausuras o relocalizaciones que en el caso particular puedan definirse, importa como principio poner en valor todas aquellas medidas que suponen un reconocimiento de los derechos de la población a una mejor calidad de vida, en lo que se refiere a la admisión de los valores ambientales. De sobra se conoce que, pese a los avances culturales y legales registrados, muchos vecinos continúan especialmente indefensos frente al bombardeo de una contaminación sonora que se presenta en distintas formas, ya sea la que plantean los boliches o clubes nocturnos en zonas densamente pobladas como la que suelen producir no pocas industrias y la modalidad de los escapes libres de los distintos automotores.

Puede hablarse también del caso muy común de algunos automóviles que disponen de poderosos equipos de música -de tal magnitud que muchos de ellos virtualmente anulan el asiento posterior y el baúl para instalar los poderosos parlantes- y que muchas veces se desplazan propalando música a todo volumen frente a inspectores o policías que no los detienen. Esta pasividad de los agentes es ciertamente demostrativa del escaso o nulo empeño que ponen las autoridades para combatir a la contaminación sonora.

Los especialistas han coincidido, a través de muchos testimonios, a la hora de señalar que en la Región existe piedra libre para los ruidos molestos. Ninguna autoridad se siente conminada a actuar, pese a que las leyes así se lo prescriben.

En buena hora, entonces, que un fallo emitido por la cabeza del Poder Judicial, le haya prestado atención al problema de la contaminación sonora, que es crítico, que incide de manera directa y muy negativa sobre los vecinos y que, en términos más generales, constituye un ataque a la mejor calidad de vida que merecen todos los habitantes.