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Nueva demanda contra el aumento de la tarifa de gas

Por Redacción

El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) presentó una nueva demanda en la justicia federal platense en procura de determinar si son “inconstitucionales” los aumentos en las tarifas del gas dispuestos en abril por el gobierno nacional y que ya se vienen aplicando.

El Cepis, la asociación civil que el año pasado consiguió que la Corte Suprema exigiera el llamado a audiencias públicas antes de incrementar las tarifas, consideró que los aumentos “no se basan en razón alguna”, por lo que solicitó una “acción declarativa de certeza” ante el juzgado federal Nº 2 de La Plata.

El titular de la asociación, Mariano Lovelli, explicó que la presentación colectiva de usuarios y consumidores cuestiona la constitucionalidad de las resoluciones 212/16 y 74/17 del Ministerio de Energía y Minería, a través de las cuales se dispuso la suba tarifaria, y pide “informes, pericias y testimonios de ejecutivos” de las empresas petroleras.

Lovelli sostuvo que “en base a información pública que la empresa YPF brindó a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC) nosotros encontramos que el costo del gas en boca de pozo asciende a 2,09 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica), cuando el usuario paga 6,80”.

Funcionarios de la cartera que conduce Juan José Aranguren indicaron que “aún no tomamos conocimiento formal de la demanda” y aclararon que los datos elevados a la Comisión de Valores estadounidense “tienen estado público”.

Lovelli agregó que “si YPF, que concentra el 40% del gas que consumimos, aduce un costo de US$ 2,09, se torna irrazonable que el gobierno establezca que el usuario pague US$ 6,80”.

La presentación acompaña información oficial de la petrolera Total, que “produce el 90% del gas nuevo” y declaró inversiones por US$ 2.000 millones entre 2013 y 2015 “con las tarifas viejas”, con lo cual “no era necesario que los usuarios tengamos que pagar US$ 6,80”.

El titular del Cepis requirió que las empresas petroleras “certifiquen la veracidad de la información que nosotros conseguimos en la Bolsa”.

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