En Francia, los sindicatos ferroviarios ponen a prueba a Macron

Los servicios de transporte ferroviario de Francia se convirtieron hoy en un caos que afectó a millones de personas, en el primer día de una serie de 36 huelgas nacionales que durarán meses y pondrán a prueba la determinación del presidente Emmanuel Macron de concretar sus reformas económicas.

Las cuatro centrales sindicales ferroviarias de Francia han anunciado huelgas de dos días por semana hasta fines de junio, una medida que pone en jaque un servicio básico que utilizan 4,5 millones de personas por día.

Al final de la jornada, la empresa pública ferroviaria SNCF se esforzó por destacar que apenas uno de cada tres de sus trabajadores participó en este primer paro -un 33,9 %-, pero tuvo que reconocer que el seguimiento fue del 48 % entre los empleados imprescindibles para que los trenes circulen, y del 77 % entre los conductores.

En la práctica, la SNCF sólo pudo mantener uno de cada ocho trenes de alta velocidad (TGV), un porcentaje equivalente en los otros convoyes de largo recorrido, una quinta parte en los regionales y cercanías, y tres cuartas partes de los internacionales.

Entre los internacionales se suprimieron todos los que conectan con España, que unen Barcelona con París, Lyon y Toulouse, así como las conexiones con Italia y Suiza.

Los andenes de la Gare du Nord, la estación ferroviaria más concurrida de París, se llenaron tanto de viajeros que algunos cayeron sobre las vías y tuvieron que ser rescatados, mostraron imágenes de televisión.

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Las cuatro centrales ferroviarias esperan con este escenario doblegar al gobierno, que por boca de su primer ministro Edouard Philippe defendió una "reforma ambiciosa" frente a un "statu quo que no es aceptable" porque cada año la compañía absorbe 14.000 millones de euros de dinero público.

Una inyección, estimó el premier, que no evita que su deuda se incremente en 3.000 millones de euros al año (casi 47.000 millones al terminar 2017) y que "la calidad del servicio público se deteriore".

Su intención es aprobar por decreto dentro de poco más de un mes un programa para abrir el tráfico ferroviario a la competencia, que comenzará en 2020 con los TGV.

El punto más conflictivo es el fin de nuevas contrataciones con el estatuto laboral específico al que están acogidos el 90 % de los empleados.

Ese estatuto les permite, por ejemplo, jubilarse a partir de los 57 años -en lugar de los 62 años para la población general-, pero también les ofrece una garantía de empleo de por vida y unos salarios relativamente elevados, que compensan las obligaciones de servicio en horarios de noche y durante los feriados.

La ministra de Transportes, Elisabeth Borne, justificó que la supresión de ese estatuto sirve para que la SNCF pueda competir con los nuevos operadores, e insistió en que mantiene abierto un proceso de concertación en el que ya ha hecho concesiones, como aplazar la apertura a la competencia de las líneas regionales y de cercanías.

Pero, sobre todo, hizo hincapié en que aunque vaya a cambiar de estatuto formal, la SNCF no se privatizará. 
Una promesa de cuya sinceridad dudó abiertamente Philippe Martinez, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT, primer sindicato de la empresa), que anunció una protesta "dura".