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En las últimas semanas se produjeron varios casos en un predio lindante con el Estadio Único, que terminaron con detenidos
El gran negocio de la comercialización de autopartes robadas mueve millones de pesos al año, y entre los variados objetivos de los delincuentes para hacerse de “mercadería”, están los depósitos de vehículos de la Policía y el Municipio.
En abril de este año, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo; su par de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo; y el Superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pazo, firmaron un convenio para reforzar los controles contra la venta ilegal de autopartes.
No obstante, la situación es compleja de resolver e involucra también la venta por Internet, donde 8 de cada 10 piezas se ofrecen y compran por medio de las redes sociales.
En una de las postales del fenómeno, hace una semana, un grupo con varios menores de entre 14 y 15 años fueron demorados por intentar robar en un predio del Comando de Patrullas de La Plata, que funciona como depósito de motos secuestradas.
No se trató de un hecho aislado: semanas antes había habido otra tentativa en el mismo lugar, ubicado en 23 entre 526 y 527. La escena se repitió el miércoles siguiente.
En lo que va del año, se registraron varias situaciones parecidas en la propiedad municipal, situada en terrenos lindantes con el predio del Estadio Único, donde suelen irrumpir delincuentes con la intención de sustraer partes para luego usarlas o venderlas.
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En julio del año pasado, también en Tolosa, hubo revuelo dentro de la Policía Bonaerense por el hurto de 40 cuadros de bicicletas marca Vairo que se encontraban en el depósito policial de 2 y 528.
En esa oportunidad, los ladrones ingresaron previo realizar un boquete en una pared. Este tipo de maniobras es recurrente y termina con suerte dispar para los responsables de realizarla.
Tanto automóviles como motos se pueden secuestrar siempre que tengan un pedido judicial activo. Fuentes del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires explicaron que el procedimiento es el mismo para cualquier vehículo.
En cada ocasión, las autoridades tienen el deber de incautarlos (siempre que lo disponga un juez) en los operativos de saturación, cuando el delincuente lo utiliza como herramienta para delinquir, en siniestro viales (cuando se trata de un homicidio culposo), o en hallazgos en la vía pública, aunque en este último caso le puede caber la responsabilidad a los agentes de seguridad vial del municipio.
En el caso de la Comuna, el operativo se hace cuando un vehículo no tiene los papeles necesarios para circular (seguro, VTV, título, carnet) o faltas graves, como conducir alcoholizado. En la moto, se suma la falta de casco.
Una vez en el Polo de Seguridad de Tolosa, se los retiene hasta que el infractor pague la multa y presente la liberación del juzgado. Los rodados deben permanecer en el depósito judicial, predio o comisaría, hasta que lo determine la justicia. Por lo general, pasan años hasta que son restituidos a su dueño. Si no es retirado, la ley exige que, previa notificación al propietario, pase a compactarse. Sin embargo, esto no ocurre y la gran mayoría quedan arrumbados en los predios.
“La situación preocupa porque vemos reiteración de intentos de robo. Si bien podemos pensar en que se apliquen medidas para agilizar la resolución de causas y con ello de su disposición, nuestra misión es cuidar esos bienes y evitar delitos en los depósitos”, contó un jefe policial vinculado con la custodia.
Entre enero y mayo, en La Plata, Berisso y Ensenada fueron secuestradas por la Policía 169 motos y 333 autos. En 2017 el número de motos fue de 253 y los autos 302. El número es importante si se tiene en cuenta que ambos depósitos, con recurrencia son apuntados por los delincuentes.
Una de las posibles soluciones al peligro de los robos, que se mencionó últimamente a nivel local y nacional, habla del uso de los vehículos por las dependencias de Gobierno, como por ejemplo se hizo con la maquinaria incautada al empresario Lázaro Báez (ver aparte).
A principios de este año la Corte Suprema emitió una Acordada que apunta a implementar medidas para preservar los bienes secuestrados que no pueden ser devueltos.
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