La coparticipación federal mantiene a la Provincia relegada y discriminada

La coparticipación federal de impuestos es motivo de discusión periódicamente entre los gobernadores y el Gobierno nacional. Lo que se discute es qué fondos se deben repartir entre la Nación y las provincias, y qué porcentaje para cada una. La última modificación de fondo data de 1988, con la sanción de la Ley N° 23.548. Allí, la Provincia de Buenos Aires perdió casi 7 puntos en la coparticipación, ya que con la Ley anterior, N° 20.221 recibía el 27 por ciento y luego de la nueva normativa quedó en 19,9 por ciento, porcentaje que no se modificó hasta hoy.

Con la coparticipación las provincias reciben recursos del Estado nacional por dos vías. La más importante son las transferencias automáticas diarias, que se determinan principalmente según la coparticipación. Son los fondos que la Nación distribuye en las provincias según los porcentajes fijados por ley. Es un acuerdo que existe en nuestro país desde la década del ´30 y que se debería renovar cada 10 años. La coparticipación establece en qué proporción el dinero que recauda el Estado a través de impuestos va a ser luego transferido a las provincias; cuando decimos impuestos nos referimos a todos los impuestos internos, ya que no se coparticipan los impuestos aduaneros, o sea, aquellos impuestos producto del comercio exterior, porque esos quedan enteramente en manos de la Nación.

Esta distribución, la coparticipación, se da en varios pasos, primero al volumen total coparticipable se le van quitando determinadas sumas de dinero que se giran a objetivos específicos, como por ejemplo a contribuir a la ANSES, o para el fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense. Luego de quitadas esas sumas se hace el reparto; en un primer paso se hace la división de cuánto va de esa masa total de dinero al Estado Nacional y cuánto va a las provincias. Actualmente la Nación se queda con el 52 por ciento del total, los estados provinciales con el 47 por ciento aproximadamente, y el 1 por ciento restante va como aporte al Tesoro Nacional. Luego, en un segundo paso, se determina cuánto de ese 47 por ciento que va a las provincias le corresponde a cada una de ellas.

En 2018 los recursos enviados a las provincias por la coparticipación fueron $1.076.749 millones, según informó el IARAF. Esto es un 7,4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

La última vez que se hizo este cálculo se hizo en base a tres criterios: la población total de cada provincia, la densidad de población y la brecha de desarrollo; o sea, la idea era darle mayor cantidad de dinero a las provincias con mayor densidad de población, con mayor población total y con menor desarrollo. Así es como, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que aporta un porcentaje muy grande de los recursos tributarios -menos de un 40 por ciento- recibe 19,9 por ciento de la coparticipación, le siguen Santa Fe y Córdoba con algo más del 9 por ciento, y así va bajando provincia por provincia, teniendo en cuenta esos tres criterios.

Gerardo Otero, ex ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires y actual Jefe de gabinete del ministerio de Obras Públicas de la Nación, le explicó a EL DÍA que “la Provincia está discriminada en el reparto de los recursos federales. Alcanzó un pico en la década de los 70 pero después fue perdiendo paulatinamente, después tuvo una recuperación en lo 90 con la creación del Fondo del Conurbano, que fue efímera, porque tuvo legalidad pero no legitimidad política , con lo cual ya en el 95 se le puso un freno y a partir del 2000 se notó mucho la caída en la coparticipación y el efecto que eso tuvo. En la reciente administración nacional y provincial hubo una modificación parcial del Fondo del Conurbano que le hizo recuperar a la Provincia algunos puntos, que había caído al 18-19 por ciento y subió al 21 por ciento, pero al año siguiente le transfirieron gastos que asumía el Gobierno Nacional, como el pago de subsidios a servicios de transporte y energía, entonces en la práctica esa pequeña recuperación que tuvo se neutralizó”.

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Para el actual funcionario del ministerio que conduce Gabriel Katopodis, “lo concreto es que Provincia tiene una cantidad de recursos per cápita de origen nacional mucho menor a lo que los habitantes de la Provincia de Buenos Aires contribuyen a financiar la renta nacional a través del pago de impuestos. Es comprensible que haya una redistribución de recursos a provincias que tienen menos posibilidades de tener ingresos propios por medio de los impuestos provinciales, pero esto tiene un límite y si uno piensa que la Provincia aporta al conjunto de la Nación el 35 por ciento está mal que reciba solo el 20 por ciento, y esto se nota en los terribles déficit de infraestructura, en la calidad de los servicios públicos que brinda, y el retroceso que ha tenido a lo largo de los años. Además, eso genera una debilidad política importante parta quien ejerce la responsabilidad de gobernar la Provincia, porque tiene bajo su órbita una serie de funciones y responsabilidades que atender para la problemática de los ciudadanos bonaerenses y no tiene los instrumentos necesarios para hacerlo, entonces eso hace que sea muy arduo para un gobernador de la Provincia con los instrumentos que tiene, más allá que el tener menos recursos no disculpa malas gestiones, peor es cierto que objetivamente quien está a cargo de la Provincia para enfrentar las grandes demandas sociales que tiene, fundamentalmente en el Conurbano, no tiene los instrumentos necesarios para revertir los indicadores de pobreza y exclusión muy fuertes, y se nota en el resto de la infraestructura, desde una comisaría a una escuela, o una sala sanitaria. Por eso considerar que la Provincia de Buenos Aires es la más desarrollada es un lugar común que lejos está de ser cierto, porque hay otros distritos como Córdoba, CABA, Santa Fe, Mendoza o Entre Ríos que no es que no tengan problemas, pero tienen mejores indicadores en términos de desarrollo relativo”.

UN PROBLEMA QUE NACIÓ HACE AÑOS

En tanto, Leonardo Andrés Behm, docente universitario, abogado, Máster en Derecho Tributario y especialista en Derecho Constitucional, le explicó a EL DÍA que “con la sanción de la Ley N° 23.548 (año 1988) la Provincia perdió casi 7 puntos en la coparticipación. Los intentos que se hicieron por compensar esa pérdida de Buenos Aires fueron opacados por la misma gestión que intento solucionar el problema. Así, en los años 90 (1992) el menemismo creó el Fondo del Conurbano Bonaerense pero a la par (unos años después, en 1995) le impuso un tope de 650 millones de pesos. Lo mismo sucedió con la gestión de Macri: con el Consenso Fiscal de 2017 dio dinero a la Provincia para compensar la pérdida que el tope de los 650 millones de pesos le generó, pero a la par -meses después- le transfirió el costo de los subsidios al transporte y las empresas de distribución eléctrica Edesur y Edenor. Ello, sumado al cronograma de reducción gradual de alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos que el mismo Consenso impone, hizo que el avance en la materia se haya neutralizado. No hay dudas que dicho cronograma hoy debe ser revisado, porque reduce considerablemente los recursos genuinos de la Provincia y fue implementado en un contexto totalmente distinto al actual, en noviembre de 2017. Luego vinieron las devaluaciones y la terrible crisis económica que hoy subsiste)”.

Nuestra Constitución nacional establece que una nueva ley de coparticipación debió ser sancionada a fines de 1996. Nada de ello ha ocurrido y sigue aplicándose la ley de 1988 (N° 23.548) que tiene una cláusula de renovación automática en su artículo 15, que establece que si no hay una nueva ley, la N° 23.548 se renueva año a año.

“Con la recuperación del impuesto a las Ganancias desde 2003 fundamentalmente la Provincia vuelve a verse severamente discriminada respecto del resto de las provincias por cuanto únicamente recibía al año 650 millones de la recaudación del impuesto a las ganancias en el marco de su afectación específica. De tal manera, para graficar la injusta situación en la que se encontraba la Provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego llegó a recibir considerablemente más dinero per cápita que Buenos Aires. Está situación motivó a que la Provincia demande ante la Corte Suprema de justicia de la Nación al Estado Nacional, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la distribución del impuesto a las ganancias. El caso no fue resuelto ya que la provincia lo desistió en el marco del Consenso Fiscal firmado en noviembre de 2017 entre el Estado Nacional y las provincias (a excepción de San Luis). Dicho consenso fiscal se propuso derogar la distribución del impuesto a las Ganancias compensando a las provincias. En el caso de Buenos Aires, se asignó la suma de 21 mil millones de pesos durante 2018 y de 44 mil millones durante 2019, actualizables en base a la inflación desde 2020. Si bien el Consenso Fiscal engrosó las arcas fiscales de la Provincia de Buenos Aires, fruto de la cesión que el Estado Nacional realizó a las provincias entre 2018 y 2019 del costo fiscal de los subsidios al transporte, de las empresas distribuidoras de energía eléctrica y del cronograma de reducción de alícuotas en el impuesto sobre los ingreso brutos y de sellos que el propio consenso estableció, la provincia de Buenos Aires volvió a colocarse en una delicada situación financiera”.