Herencia K: duro informe del Gobierno

El gobierno nacional hizo público ayer un pormenorizado diagnóstico sobre el cuadro de situación administrativo que encontró al asumir en diciembre pasado, al que denominó “El estado del Estado” y que exhibe una serie de irregularidades de gravedad, incluyendo millonarios desvíos de fondos públicos -algunos investigados judicialmente-, cuestionados contratos de obras públicas y personal, más un menú de acciones sospechadas por corrupción en el mandato anterior.

El informe sobre la “herencia”, que el presidente Mauricio Macri había prometido en su discurso del 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa, si bien reconoce “muchos logros” de los Gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, el texto también advierte que el Estado “estaba mal administrado, a menudo con desidia y desinterés por lo público”

DIVERSAS IRREGULARIDADES

De la observación del contenido surge por ejemplo que en la última década los argentinos pagaron 694 mil millones de dólares en impuestos, pero en diciembre de 2015 el nuevo Gobierno encontró “centenares de deudas con proveedores y contratistas, obras frenadas por falta de pago, el 40% de las rutas del país en estado crítico, subsidios direccionados, innumerable cantidad de contratados que cobraban sin cumplir tareas y desvíos irregulares de fondos”.

Entre otros casos se detalla que los organismos de auditoría descubrieron contrataciones y pagos para la construcción de viviendas que nunca se realizaron y por otras que sí se construyeron pero en zonas sin servicios básicos, por lo que no eran habitables.

LOS FALLECIDOS DEL PAMI

El capítulo dedicado al PAMI gira en torno a la situación financiera, la falta de controles y las distintas irregularidades que la Justicia federal está investigando actualmente: sobreprecios, desvío de fondos y el estado de abandono de las oficinas del organismo en todo el país. Se acusa a las autoridades anteriores por el desvío de fondos del organismo a través de distintas maniobras como la emisión de recetas a nombre de afiliados fallecidos: “El padrón tenía 400 mil personas fallecidas por las que se pagaban servicios de salud. A nombre de 7 mil de ellas se compraban remedios que luego se vendían en el mercado negro”, consigna.

El informe enumera desde irregularidades en las partidas destinadas a municipios hasta oficinas vacías y archivos borrados en los distintos sectores del Estado. “Las nuevas autoridades -por ejemplo- encontraron que todos los documentos en papel sobre las importaciones habían sido destruidos (...) Durante los primeros días de gobierno hubo que administrar en forma manual el comercio internacional del país, hasta que se implementó un nuevo sistema”, explica.

El texto presenta también hechos insólitos: “En lo que era el ministerio de Planificación había oficinas con un sólo teléfono y 10 telefonistas. En Jefatura de Gabinete, diez personas con la función de fotocopiado y una sola fotocopiadora”.

Entre las irregularidades, el texto menciona que “buena parte de las agencias del Estado dejaron de pagarles a sus proveedores, beneficiarios y contratistas en algún momento” de 2015. “La deuda acumulada en el momento del cambio de gobierno era de 7.000 millones de pesos (unos 496 millones de dólares)”, añade el informe.

MEDIOS Y EL CCK

Sobre los medios, “en diciembre de 2015, existía en el Estado nacional una suma de diferentes estructuras, empresas del Estado, programas, planes, centros, unidades ejecutoras y proyectos específicos, dependientes de distintos ministerios, con fuentes presupuestarias y marcos legales diferentes, que se había convertido en una maquinaria mediática y cultural al servicio de la propaganda política”.

En lo que respecta al Centro Cultural Kirchner (CCK) se afirma que “abrió sus puertas en mayo de 2015 de forma prematura, ya que el edificio no había sido habilitado.

“La gestión anterior destinaba anualmente entre 120 millones y 200 millones de pesos a producir contenidos audiovisuales, al 100%, en calidad de subsidios que no resultaron en la generación de una industria audiovisual sino en la dependencia de las casas productoras de los recursos estatales”, evalúa el informe del oficialismo.