Sin el cuñado de Julio De Vido, elevan a juicio causa por fraude

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky elevó a juicio oral parte de la causa en la que se investiga un multimillonario perjuicio al Estado mediante la adulteración de datos de la Dirección General de Aduanas (DGA) para ingresar al país mercadería de modo ilegal.

El magistrado dispuso la elevación “parcial” de la causa a juicio oral y público respecto de una decena de procesados, entre los que no figura Claudio Miniccelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, detenido el 6 de agosto pasado en la localidad de Chapadmalal luego de haber permanecido prófugo durante nueve meses. Tampoco incluyó a Sung Ku Hwang (alias “mister Corea”).

Justamente por ese motivo, la instrucción en relación a su presunta responsabilidad en los hechos no pudo ser completada, aunque el 11 de agosto pasado el magistrado lo procesó con prisión preventiva, por considerar que existían en el expediente elementos suficientes para considerarlo “prima facie partícipe necesario de las conductas delictivas” que se investigan en la llamada causa de la “mafia de los contenedores”.

Además, en esa oportunidad, ordenó trabarle un embargo sobre sus bienes por más de 22 millones de pesos y dispuso su traslado a la cárcel de Ezeiza, donde permanece detenido actualmente.

En tanto, en la resolución que trascendió hoy, el juez Aguinsky envió a juicio oral a Oldemar Carlos Barreiro Laborda, Edgardo Rodolfo Paolucci, Federico Ernesto Tiscornia Salort, Néstor Orlando Frega, Osvaldo Alberto Giacumbo, Vanesa Valeria Calamante, Mauro Daniel Delmastro, Martín Aníbal Corral, Santiago Néstor Jiménez y Rodolfo Enrique Trebino.

Para disponer esa medida -consignaron fuentes judiciales- el magistrado evaluó elementos de prueba reunidos en el sumario y determinó la presencia de una asociación ilícita para el contrabando agravado, en la que el empresario Barreiro Laborda y Paolucci –empleado jerárquico de la Dirección General de Aduanas (DGA)- fueron considerados como “autores” y el resto “partícipes” de los delitos.

El magistrado, en coincidencia con la fiscal Gabriela Ruiz Morales, consideró que el multimillonario contrabando se perpetró con la “connivencia” de funcionarios de la DGA, y que Barreiro Laborda “fue la persona que ideó y coordinó la operación, quién generó los contactos necesarios” para concretar el ilícito.