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Advierten sobre la sustentabilidad de la nueva estrategia monetaria oficial

La falta de financiamiento externo obligó al Gobierno a replantear su política monetaria, pero subsisten numerosos riesgos

Advierten sobre la sustentabilidad de la nueva estrategia monetaria oficial

Un trabajo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) destaca que desde el comienzo de su gestión, la estrategia fiscal del Gobierno se apoyó en una doble premisa: reducción de la carga tributaria y un ajuste pausado del gasto. El déficit resultante debía financiarse mediante la emisión de deuda y complementariamente con adelantos decrecientes del Banco Central. Pero ahora el cambio de la situación económica obliga a replantear los objetivos, lo que conlleva riesgos.

Esta trayectoria se hizo inviable en el curso del segundo trimestre de 2018 cuando una combinación de factores externos y domésticos disparó un cambio de expectativas y se precipitaron turbulencias cambiarias y monetarias, junto con el cierre repentino del crédito externo.

El Gobierno debió solicitar financiamiento del FMI para remediar el obstáculo. El acuerdo alcanzado con el Fondo el 20 de junio en materia fiscal aún respondía a la matriz inicial del Gobierno: una meta de déficit para 2019 (1,3% PBI) apoyada exclusivamente en la reducción de gastos y preservando la disminución de impuestos aprobados en la reforma de diciembre de 2017, con convergencia al equilibrio recién en 2020.

Sin embargo, según el informe, la magnitud excepcional del apoyo del FMI –tanto en volumen de recursos cuanto a la rapidez de acceso-, el programa no logró revertir la incertidumbre en los mercados.

NO EMITIR A TODA COSTA

Según el informe, el compromiso del gobierno nacional al revisar el acuerdo previo y la formulación de un nuevo programa fiscal cuya esencia es no emitir nueva deuda para atender el desbalance primario. El diseño del Presupuesto 2019 implica apartarse del camino que venía siguiendo el Gobierno desde sus inicios: prevé un recorte de gastos primarios (1,5% del PBI) mayor al realizado en años anteriores, a la vez que adopta medidas para aumentar los recursos fiscales (1,2% PBI), incrementando la presión tributaria en consecuencia.

De esta forma, a partir del cierre fiscal 2018, hay varios efectos que operan en dirección contraria, expandiendo el déficit, y que tienen origen en políticas decididas en el pasado.

En materia de recursos tributarios, la devolución adicional a las provincias de los fondos que financiaban la Anses, las reformas del Impuesto a las Ganancias y Contribuciones Patronales por la reforma tributaria de 2017 y las compensaciones derivadas del Consenso Fiscal 2017, significan una pérdida de recursos de cara a 2109.

Del lado del gasto también se observan impactos inerciales. En este caso se trata de la fórmula de ajuste de las jubilaciones, las pensiones no contributivas y la Asignación Universal por Hijo que, 12 en el contexto de una inflación proyectada descendente, significan un crecimiento real de dichos conceptos determinando un aumento del gasto social (0,3% del PBI). Tomando en consideración estos efectos inerciales, las decisiones activas de política fiscal para el año se confrontan al desafío de reducir un desequilibrio primario de 3,1% del PBI.

Con tal objetivo, el Presupuesto propone cuatro medidas principales que en conjunto permiten acercarse al 90% de dicha meta. Del lado del gasto se destaca, en primer lugar, la reducción de subsidios (0,7% PBI). En materia energética esto significa un mayor esfuerzo tarifario a ser atendido por la demanda y también una reducción del sendero del precio de gas en boca de pozo que recibe la oferta. En cuanto a los subsidios al transporte, el proyecto supone que la cuenta habrá de ser atendida por las provincias, de la misma forma que la tarifa social de electricidad. El otro factor de peso a la hora de la reducción de gastos es la inversión (0,5% PBI), donde se prevén recortes en energía y transporte similar.

A la hora de la obtención de recursos, la aplicación de derechos a la casi totalidad de la canasta exportadora que se encuentran en curso de aplicación y seguirán vigentes en 2019, se prevé que 13 aportarán 1,2% del PBI. La otra fuente importante provendrá, principalmente, de mayores ingresos de capital producto de la utilización de aportes que realizará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (0,5% PBI), y que se aplicará al pago de las erogaciones del programa de Reparación Histórica a los jubilados. La cuenta final se completa con economías y ahorros en bienes y servicios, y también de las transferencias corrientes a las provincias.

En este contexto el documento de Cippec "Déficit primario cero: el replanteo de la estrategia fiscal", elaborado por Ricardo Carciofi y Pablo Carreras Mayer destaca los riesgos de la nueva estrategia, como son desvíos en las hipótesis de cálculo del nivel de actividad, la inflación, el tipo de cambio y los precios internacionales podrían afectar las estimaciones del proyecto. En cambio, los desvíos alcistas de la inflación mejorarían el resultado primario. En tanto, una eventual suba de los precios internacionales y del tipo de cambio tendría un impacto neto bajo pues afectan simultáneamente ingresos y gastos primarios, concluye el trabajo.

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