Investigan otra "ruta del dinero K" por una cifra millonaria

La Justicia investiga la existencia de una nueva "ruta del dinero K" a través de la cual habrían circulado al menos 160 millones de dólares y tiene varios protagonistas que se repiten.

Quien está detrás de este entramado financiero es el fiscal Gerardo Pollicita, quien ya solicitó la declaración indagatoria de Ernesto Clarens, el financista vinculado a los Kirchner que en otro expediente admitió haber cobrado coimas.

La pericia está tan avanzada que Pollicita le pidió al juez Julián Ercolini la apertura de una nueva causa para avanzar en lo se cree son diferentes y más sofisticados mecanismos para lavar dinero proveniente del Estado, siempre con el mismo beneficiario: Lázaro Báez.

Según el dictamen elaborado por el fiscal, este nuevo caso contó con la imprescindible colaboración del organismo que debía controlar precisamente que no ocurriera lo que pasó: la AFIP, encabezada por aquel entonces por Ricardo Echegaray.

A partir de la colaboración de la actual gestión de la AFIP, Pollicita logró determinar que Lázaro Báez habría implementado una maniobra "criminal" a través de la cual se procedió al "reciclaje de una parte importante de ese dinero a través de la ficción de costos inexistentes" con el objetivo de darle apariencia de un origen lícito cuando en rigor sería producto de la defraudación al Estado.

En esos senderos oscuros para convertir el dinero proveniente de coimas en dinero lícito también habrían intervenido la constructora Gotti y la financiera Invernes, controlada por Ernesto Clarens.

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Además de detallar cómo fue ese recorrido, Pollicita incluyó una importante cantidad de proveedores inexistentes utilizados precisamente para justificar costos inexistentes. Y hace principal hincapié en el papel que cumplió la AFIP, que lejos de controlar y asegurar el pago de impuestos, ayudaba a varias empresas "fantasmas" que participaban de la maniobra para completar todo el camino que debía recorrer el dinero.

En ese marco, se determinó la existencia de un remisero, de nombre Gustavo Javier Blanco, quien cobraba $40 por día por sus servicios a la empresa Gotti, que llegó a juntar facturas de ese proveedor por casi 9 millones de dólares.