Bonadio no creyó nada que los empresarios hicieran “aportes de campaña” a los kirchneristas

La causa que se inició con los cuadernos que escribió metódicamente el chofer Oscar Centeno tiene los focos puestos sobre la ex presidenta Cristina Kirchner y los funcionarios del Ministerio de Planificación, que convirtieron a esa cartera en una herramienta de recaudación ilegal durante más de una década. Pero además de esas figuras políticas, el juez Claudio Bonadío también procesó a 23 empresarios que pagaron coimas a cambio de obras y la concesión de servicios públicos.

Según se desprende del fallo completo del magistrado, al que tuvo acceso EL DIA, la mayoría de esos empresarios –algunos muy poderosos- fueron procesados pero permanecerán en libertad. Sólo seis de ellos serán enviados a prisión por Bonadío, quien los benefició con la figura de “imputado colaborador” aunque los embargó en 4.000.000 millones de pesos a cada uno, al considerarlos parte de la “asociación ilícita” cuya jefatura el juez atribuyó a la ex presidenta.

Entre los empresarios que fueron enviados a prisión o que ya están privados de la libertad en el marco de otras causas, se encuentran Carlos Mundin (BTU), Raúl Vertúa (Servicios de Ingeniería y Construcciones), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Néstor Otero (Terminal de Omnibus de Retiro), Juan Carlos Lascurain (Fainser S.A) y Sergio Taselli (General Plastic S.A). Se trata de quienes no colaboraron con Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli pero fueron “escrachados” por Centeno.

La estrategia judicial a la que se apegaron los empresarios citados a los tribunales de Comodoro Py fue afirmar que habían hecho aportes de campaña al Gobierno kirchnerista, pero el juez Bonadío no les creyó. De hecho, en el fallo afirmó que las empresas señaladas no figuraban en las listas de donantes legales para el proselitismo del Frente para la Victoria, algo que constató con la Justicia electoral. En todo caso, era dinero negro sobre el cual no podría verificarse su destino efectivo.

Una pieza clave en el entramado que describió Bonadío es Carlos Wagner, titular de la empresa Esuco y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012. Desde ese cargo, el empresario fue determinante “para el desarrollo del sistema de cartelización de la obra pública”, sostuvo el magistrado. La compañía de este hombre de negocios estuvo a cargo de la restauración del edificio donde funcionó el Correo Argentino, ahora Centro Cultural Kirchner.

Por esa obra, sospechada de sobreprecios, la firma Esuco cobró $ 925.799.107,96. Otro empresario, Juan Chediack, relató ante Bonadío una reunión entre el ex ministro de Planificación Julio de Vido, Wagner y él mismo en el departamento del funcionario en la que se originó toda esta historia, en julio de 2003, sólo dos meses después de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación. Ante el magistrado, Wagner admitió su participación en los hechos.

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Wagner sigue en libertad, al igual que Angelo Calcaterra (IECSA), el primo del presidente Mauricio Macri, quien reconoció haber efectuado nueve pagos en 2013 y otros siete en 2015, todos ellos realizados por Héctor Sánchez Caballero, un gerente de la empresa. La entrega del dinero se hacía en el subsuelo del hotel Hilton de Puerto Madero. La firma también está siendo investigada en la causa vinculada al escándalo de la corporación brasileña Odebrecht, piedra angular del Lavajato.

Según escribió Bonadío en el fallo, Wagner “mencionó a la firma IECSA S.A como una de las que participaba en el sistema mediante el cual un grupo de empresas determinadas se reunían para establecer cuál sería la adjudicataria de las licitaciones, debiendo entregar la empresa adjudicataria entre el 10 y 20 por ciento del total de la obra a los funcionarios”. Estos eran De Vido, Roberto Baratta y su secretario Nelson Lazarte, quienes aparecen en los testimonios.

Otro de los empresarios procesados es Enrique Menotti Pescarmona (IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona), sobre quien el juez detalló: “Ordenó y realizó pagos los días 11 de julio de 2008, 28 de octubre de 2008, 11 de diciembre de 2008, 4 de marzo de 2009, 4 de junio de 2009, 20 de agosto de 2009, 23 de septiembre de 2009, 7 de diciembre de 2009, 27 enero de 2010, 22 de abril de 2010, 1 de septiembre de 2010, 26 de julio de 2013 y 7 de agosto de 2013”.

A su vez, el CEO Juan Carlos de Goicoechea (Isolux, una firma española) admitió haber realizado 17 pagos luego de que se le adjudicara la Central Térmica Río Turbio. En la resolución consta que en la página web de Isolux se informa que “se ordenó el despido disciplinario de la cúpula directiva del grupo en la Argentina”. Entre los procesados por Bonadío también está un hombre fuerte del Grupo Techint, Luis María Betnaza, quien ordenó ocho pagos entre mayo y diciembre de 2008.

Si bien el referente de la poderosa compañía dijo que esos pagos eran por presiones del Gobierno de Venezuela (que había expropiado una planta del grupo en ese país), Bonadío sostuvo que esa situación no eximen a Betnaza de “responsabilidad en los sucesos investigados”. En tanto, Aldo Benito Roggio (Roggio S.A.) también admitió haber entregado dinero a Baratta y Lazarte. En este caso, el empresario reconoció que se hicieron pagos a Ricardo Jaime, por la firma Metrovías.

En la nómina de los procesados por Bonadío también figuran empresarios de la talla de Hugo Antranik Eurnekian (Corporación América), quien admitió ante el magistrado y el fiscal haber realizado cuatro pagos durante 2013, en su domicilio de la Avenida del Libertador al 4444. La lista negra se completa con Bernardo Loson (Albabesi), Alejando Ivanissevich (Emgasud S.A), Manuel Santos Uribelarrea (UCSA S.A), Benjamín Romero (Hidrovía S.A.) y Jorge Balán (Industrias Secco).