Allanamientos y dos detenciones en la causa por la estafa con combustible en Educación

En el marco de la causa que investiga una estafa al gobierno provincial de varios millones de pesos, este jueves se llevaron adelante varios allanamientos en distintos puntos de la Región. 

Solicitados por la UFI N° 16, a cargo del Dr. Juan Cruz Condomí Alcorta; y ordenados por el Juzgado de Garantías N° 5, de la Dra. Marcela Garmendia; la Policía de la provincia de Buenos Aires, allanó propiedades en City Bell, Punta Lara, Berisso y La Plata.

Como lo viene señalando EL DIA, la investigación busca establecer cómo un grupo de personas se benefició con el desvío de fondos destinados a la carga de combustibles para autos oficiales. 

Fue en este marco que durante los procedimientos realizados hoy fueron detenidas dos personas de 47 y 57 años, ambos con cargos de jefes de departamento dentro de la cartera educativa provincial.

Bajo la sospecha de haber incurrido en los delitos de “asociación ilícita, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito”, ambos quedaron a disposición de la justicia. 

En los operativos, la policía incautó importantes elementos para la causa: un yate, un motor home, cuatriciclos, motos de agua,  motos de alta cilindrada y automóviles, entre ellos varios de alta gama, y un arma.

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LA INVESTIGACIÓN

La causa se inició en abril pasado cuando la policía detuvo a un hombre (playero de una estación de servicio) cuando circulaba por la ruta 36 y calle 44. En su poder se decomisó dinero en efectivo y varias tarjetas de débito pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE).

Luego de esa captura, el encargado de la estación Axion ubicada en 44 y 31 -donde también trabajaba el sujeto detenido horas antes- se suicidó en el baño de ese comercio. Ante la sospecha que desde allí se realizaban maniobras fraudulentas, se inició una investigación. 

De esa manera se comprobó que funcionarios y empleados de la administración pública provincial –pertenecientes a la DGCyE- desviaban periódicamente fondos públicos a partir de falsas compras de combustibles para vehículos oficiales. 

Incluso se pudo saber que varias de las tarjetas correspondían a autos que no estaban en funcionamiento, ya que habían sido dados de baja y se encontraban guardados en galpones.

Para los pesquisas, esas operaciones no podrían ser realizadas sin el aval de los responsables del área, ya que se debían presentar comprobantes y rendir gastos. 

Ante eso, la investigación recayó, entre otras personas, sobre el Director de Servicios Generales, el Sub Director de Transporte Terrestre, el Jefe de Movilidad y el coordinador del área de Combustibles, todos ellos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación. 

Es decir, las personas implicadas, desde los cargos que ocupaban, eran las encargadas de administrar, entregar y controlar el normal funcionamiento de las tarjetas desde donde se desviaban los fondos.

Para la justicia, esos hechos fueron practicados aproximadamente desde 2014, en forma organizada y planeada, con distribución de roles.

Cabe destacar que la Dirección de Escuelas bonaerense intervino la Dirección de servicios generales y la subdirección de transporte terrestre, separó de sus cargos a los funcionarios involucrados e inició sumarios administrativos correspondientes.

Asimismo se estima que los montos provenientes del erario provincial para dichas tarjetas ascendían en forma semanal desde 250.000 a 1.000.000 de pesos.