Crecen las quejas por subas en celulares y la Justicia ordena que no haya aumentos

Las subas que las empresas que ofrecen el servicio de telefonía celular aplicaron sobre tarifas y abonos rondó el 30 por ciento en el último mes, según consignaron usuarios y entidades de consumidores, y en esta redacción se recibieron decenas de llamados quejándose por la situación. Pero también hubo denuncias de subas de hasta el 100 por ciento sin distinción de empresas. En nuestro país las que brindan el servicio son Movistar y su versión “low cost” Tuenti, Claro y Personal.

En el cierre de esta semana se conoció que el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Mar del Plata emitió un dictamen contra las subas que aplicaron estas empresas, luego de que varios clientes decidieran accionar legalmente por los aumentos en las tarifas del último mes. En la resolución lo que se le cuestiona a la empresa Claro, es la falta de comunicación correcta al cliente acerca de las modificaciones de los planes y los aumentos y por eso, le exige dejarlo sin efecto y volver a facturar. Si bien se aplica sobre un caso en particular, la medida sienta un precedente para muchos usuarios.

Al ser consultadas las empresas por los clientes, esgrimen que el aumento fue dictado antes que el DNU del Gobierno y que por eso corresponde aplicar las subas, según explicaron a este diario. Pero, según indica el expediente, la empresa les informó en el mes de febrero un cambio unilateral de planes, sin motivo alguno. De esa manera, notificaron a los clientes de la modificación que no solo incluía al plan sino al precio abonado mensualmente. En la mayoría de los casos, el incremento llegó a ser del 100 por ciento e impactó en las facturas de marzo y abril, lo que generó una catarata de reclamos de usuarios.

Un agravante de la situación fue que debido al decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, las oficinas de las empresas prestadoras están cerradas por lo que el usuario no puede reclamar en persona y tampoco se puede reclamar por vía judicial debido a la suspensión de términos que dictó la Suprema Corte de Justicia.

“Con este tipo de maniobras generaron un aumento desmedido encubierto porque es ilógico un aumento del 100 % del costo del abono. Además, la situación no fue notificada correctamente el cliente”, explicó el abogado Sebastián Nicollier. Por otra parte, debido a las normativas de emergencia dictadas por la pandemia, las empresas no pueden cortar el servicio, con lo cual, “generaron un aumento desmedido en el medio de ésta situación de emergencia”, consideró en declaraciones periodísticas.

Además, los usuarios generaron presentaciones ante la Defensoría del Pueblo bonaerense, en donde se le reclamó a las empresas de telefonía fija y móvil Movistar, Personal y Claro que retrotraigan sus tarifas a los valores de febrero, luego de las quejas de los usuarios por los aumentos que les aplicaron en el contexto actual de emergencia sanitaria y económica por el coronavirus.

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“Es inoportuno e incoherente aumentar las tarifas de servicios esenciales en el momento que estamos viviendo. Es una postura abusiva de las empresa teniendo en cuenta que por la cuarentena muchos usuarios no percibieron ingresos para afrontar el pago”, dijeron desde ese organismo.

PROYECTO EN DIPUTADOS

En los últimos días las autoridades del Enacom mantuvieron reuniones virtuales con representantes de 22 organizaciones de usuarios y consumidores, que respondieron a los fuertes aumentos que aplicaron las empresas en medio de la crítica situación sanitaria, social y laboral por el impacto de la pandemia y el parate productivo que atraviesa el país. Las subas rondaron el 35%, según denunciaron las organizaciones de consumidores.

En tanto, en la Cámara de Diputados de la Nación se presentó un proyecto de la presidenta de la comisión de Finanzas, la diputada Fernanda Vallejos Frente de Todos), que cuenta con el acompañamiento de 38 diputados y diputadas de ese bloque y es respaldado por las principales asociaciones de consumidores y parte de la oposición, para suspender los cortes en los servicios de telefonía móvil y fija, Internet y de operadoras de televisión por cable y satelital. Regirá, de ser aprobado, mientras rija el Estado de Emergencia Sanitaria que decretó el Ejecutivo. La iniciativa apunta a suspender los cortes y a que las empresas mantengan la calidad del servicio de acuerdo a los contratos establecidos.

El proyecto establece que “las empresas prestatarias de los servicios de Telefonía fija y móvil, Internet y Televisión por Cable, por vínculo radioeléctrico y satelital deberán abstenerse de disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios, motivados por morosidad o falta de pago de facturas con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020 y durante la vigencia del Estado de Emergencia determinado por Decreto 260/2020”.

El segundo punto importante de la iniciativa dispone que las empresas de los servicios garanticen “la accesibilidad y la conectividad con calidad y velocidad adecuadas requeridas para un normal, pleno y satisfactorio funcionamiento, conforme a las condiciones contractuales originalmente pactadas entre las partes, en todo el territorio nacional”. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no tiene la potestad para regular a las empresas prestatarias, ya que estos servicios no entran en la categoría de “públicos”, por lo que el Poder Legislativo buscaría fortalecer la capacidad del Estado, en el marco de las arduas negociaciones con las empresas de telecomunicaciones (telcos).

“Ante los numerosos reclamos de los usuarios por problemas de facturación incorrecta, aumentos de tarifas, interrupción del servicio, deficiencias en la calidad del servicio o en la prestación o en el acceso, sumado a la significativa disminución de los ingresos que la mayor parte de la población está padeciendo en el marco de la pandemia, el Estado debe velar por la continuidad y universalidad de los servicios básicos, garantizando la accesibilidad y la conectividad con calidad y velocidad”, argumentó la propuesta redactada por Vallejos.

El espíritu de los decretos, que recoge el proyecto de Vallejos, entiende a estos servicios como esenciales para el desarrollo de la vida diaria y más aún en el actual estado de aislamiento que requiere garantizar el acceso a esos servicios, centrales para el ejercicio de derechos básicos fundamentales como la salud, alimentación, educación, trabajo e información, entre otros.