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Mariano Spezzapria
@mnspezzapria
La intervención del Gobierno a la compañía Vicentin, que pese a sus abultadas deudas se ubica en el “top ten” del mercado agroexportador argentino, va en la dirección económica que prefiere el kirchnerismo, con más injerencia del Estado en sectores controlados por los privados.
De hecho, el presidente Alberto Fernández blanqueó que el proyecto de expropiación –que deberá tratar el Congreso- surgió de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, mano derecha de Cristina Kirchner en la Cámara alta, cuya carrera política se inició en las filas de La Cámpora.
La agrupación que lidera Máximo Kirchner ya había intentado crear una empresa de estas características durante la segunda presidencia de Cristina. Los antecedentes también dan cuenta de las estatizaciones del Correo, YPF, Aerolíneas Argentinas y la proveedora de agua potable AySA.
Si bien el Presidente negó que la medida constituya una restauración de la histórica Junta Nacional de Granos y dijo que se trata, en cambio, de crear una “referencia” para el sector agropecuario, lo cierto es que Vicentín pesa tanto en ese ámbito como también en el mercado cambiario.
A tal punto, que los analistas consideran a la empresa con base en Santa Fe –pero expandida también a provincias como Mendoza, donde tiene una bodega- como un jugador de peso en el mercado de divisas. Se sabe que el ingreso de dólares a las arcas públicas es el desvelo de todos los gobiernos.
La intervención y futura expropiación de Vicentín tiene un costado político: la compañía tiene deudas por unos 1.350 millones de dólares, buena parte en manos del Banco Nación, lo que llevó a la Justicia federal a poner la lupa sobre las decisiones de la entidad durante el gobierno macrista.
Otros dos elementos a tener en cuenta: Vicentín, que entró en una convocatoria de acreedores, hubiera sido un fácil bocado para las multinacionales agroindustriales que operan en la Argentina; el ex ministro Amado Boudou hizo pública una propuesta como la que anunció el Presidente.
El designado interventor Roberto Gabriel Delgado no es un desconocido. Era el candidato de Alberto a ser ministro de Agricultura hasta que Cristina pidió al actual Luis Basterra, gran ausente ayer en la conferencia de prensa. También fue candididato de Aníbal Fernández a presidir el Banco Provincia si le ganaba la elección a Vidal.
Los que se sorprendieron con la medida fueron los directores de YPF, que tendrán que aprobar la toma de control de Vicentín. La petrolera ya tiene el 2% del mercado agroexportador, a través de YPF-Agro. Ahora el debate pasará al Congreso, donde la oposición repetirá la palabra Venezuela.
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