Intervienen y buscan expropiar a la empresa agroexportadora Vicentin

El gobierno nacional decidió sorpresivamente intervenir al gigante agroexportador en bancarrota Vicentin y enviará al Congreso una ley para su expropiación, anunció el presidente Alberto Fernández.

La decisión, creen, que podría cambiar las reglas de juego en uno de los principales productores mundiales de alimentos. En ese sentido, Alberto Fernández afirmó que “estamos tomando una decisión estratégica... sobre una actividad que tendrá una relevancia singular en el pospandemia (de coronavirus) como la producción de alimentos’’.

Y agregó que la medida permitirá “lograr una soberanía alimentaria que el país necesita”.

Vicentin había solicitado en febrero último la apertura del concurso preventivo de acreedores, tras incumplir pagos a proveedores a finales del año pasado. Su deuda rondaría en los U$S 1.350 millones. “Ésta es una empresa que está en concurso preventivo, camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar”, justificó Fernández, que estuvo acompañado, entre otros, por la senadora camporista muy allegada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), reconocida por Alberto F. como la ideóloga de la iniciativa.

El Presidente anunció que Gabriel Delgado, experto en economía agropecuaria, será el interventor del grupo empresarial, fundado en 1929 en la provincia argentina de Santa Fe, en el corazón del área productora y exportadora de granos de Argentina.

Además de decretar la intervención, Fernández anunció el envío al Parlamento de un proyecto que declara a Vicentin de utilidad pública con fines de expropiación por parte del Estado.

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El mandatario explicó que todos los activos del grupo Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario que será administrado por YPF Agro, una subsidiaria de la petrolera YPF, bajo control del Estado argentino.

EMPRESA “TESTIGO”

El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, también presente en la conferencia de prensa, resaltó la importancia de que el Estado cuente con una empresa “testigo” tanto en el mercado de granos como en el de cambios, ya que la exportación de cereales, oleaginosas y derivados es una de las principales fuentes de divisas de Argentina y las operaciones de este tipo tienen impacto directo en el mercado cambiario.

La compañía se dedica a la producción y exportación de aceites de soja y girasol y de harina de soja, procesamiento de algodón, producción de biodiesel, jugo concentrado de uva, vinos, acopio y exportación de miel y carnes. Era el cuarto mayor vendedor al exterior, con un volumen anual de negocios de unos 3.000 millones de dólares.

Además es socia de la suiza Glencore en la firma Renova, dedicada a la molienda de granos, que no fue consultada según admitió ayer Alberto Fernández.

Al solicitar el concurso preventivo en febrero, la empresa dijo que necesitaba reestructurar sus deudas por encontrarse en una situación de “estrés financiero” por el impacto de las crisis recurrentes y el incremento permanente de los costes en Argentina.

Unos 300 millones de dólares los adeuda al Banco Nación, que le otorgó créditos poco antes de que se declarara en quiebra durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que motivó el inicio de una investigación judicial por fraude al Estado.

medida “excepcional”

El temor de que la medida se extienda en otros ámbitos, como habría sugerido la economista y diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, fue descartada por la Rosada, según trascendió. Desde el Gobierno insistieron en que se trató de una medida “excepcional”.

El proceso de convocatoria de acreedores de la empresa Vicentin que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista seguirá “su cauce normal”. En ese sentido, el Gobierno planea poner a disposición de la Justicia “toda la información necesaria para que se lleve adelante la investigación sobre el proceso de vaciamiento al que fue sometido la empresa”.