Pese al fuerte rechazo opositor, avanzan con el proyecto de suspensión de clases

El Gobierno logró que el Senado, de mayoría oficialista, firmará anoche el dictamen del proyecto de ley que busca institucionalizar las restricciones sanitarias por la pandemia, que podría ser debatido ya el próximo jueves en el recinto donde se introducirían cambios a pedido de algunos gobernadores. Los senadores opositores, no obstante, insistieron con la idea que se trata de una delegación de “superpoderes” al Ejecutivo que le permitiría fijar los plazos de la “excepcionalidad” y modificar sin consulta al Parlamento la clasificación de las medidas tendientes a mitigar la propagación del Covid.

En una teleconferencia del plenario de las comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, la ministra Carla Vizzotti (Salud) y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra defendieron el proyecto del Ejecutivo durante casi 4 horas, interpeladas por los legisladores de Juntos por el Cambio. Luego de un cuarto intermedio, expusieron en esa suerte de audiencia virtual infectólogos y abogados constitucionalistas.

La intención del Ejecutivo era intentar aprobar la ley antes de la renovación del nuevo DNU de Distanciamiento Social (DISPO) previsto para el viernes 21. Pero no logrará su cometido porque según la titular de Asuntos Constitucionales, la senadora María de los Angeles Sacnun recién “el jueves de la semana próxima (el dictamen) puede ir al recinto”. En los próximos días se intentarán consensuar modificaciones para, de esa forma, no demorar la ulterior aprobación en Diputados.

La iniciativa busca evitar la judicialización de las restricciones como ocurrió con el planteo que hizo la capital federal para continuar con el dictado de clases presenciales que finalmente avaló la Corte Suprema.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, criticó los criterios establecidos para definir las zonas de bajo, medio y alto riesgo o de alarma sanitaria. “Hay un cociente que ustedes lo definen entre los 14 días previos de la cantidad de contagiados y los 14 días previos de la cantidad, supuestamente, de lo que detecta el propio sistema. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros que se toman para establecer esta categoría? Por ejemplo, ayer en la página web oficial de mi provincia se informó 731 casos positivos, pero ustedes, en el Ministerio de Salud de la Nación informan 373 casos”.

La ministra Vizzotti , a su turno, concedió que “hay provincias que utilizan sus propios sistemas de información y esos sistemas interoperan”, por lo que se registran “algunas horas o días de atraso”.

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Mientras, el presidente de la comisión de Salud, el radical Mario Fiad, resaltó que el proyecto genera “una enorme preocupación” porque el Ejecutivo “no parece hoy encontrar otra forma de gobernar que no sea con la emergencia y la excepcionalidad”.

También fue punzante el comentario de la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO), que desechó el argumento oficial que en Alemania también se cerraron las escuelas para justificar la medida instrumentada por el vigente DNU. “En un país que se ha citado, suspendió sus clases presenciales solamente 35 días y en Argentina las suspendimos por 180 días. Estamos dentro de los diez países que menos clases presenciales han tenido el año pasado”, apuntó.

MÁS CRÍTICAS

Mientras, el constitucionalista Roberto Gargarella explicó que en la Constitución “las leyes delegadas están prohibidas” y que el fallo de la Corte de la semana pasada sobre la suspensión de las clases “toma a las provincias como preexistentes”. Y explicó: “No va a pasar un proyecto de ley que establece una vaguedad en tiempos de término. La idea de la consulta con los gobernadores es un problema en términos constitucionales”.

El exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi opinó que es llamativo que “además de los sacrificios que tenemos que hacer los ciudadanos, la parte de vacunación y testeos no se menciona en el proyecto”.

Pese a los cruces con la oposición, si en los próximos días continuara esta tendencia de una leve baja en los contagios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el oficialismo estudian autorizar el retorno “de algún tipo de presencialidad” en las escuelas bonaerenses.