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Opinión |Editorial

Empresarios de la Ciudad piden al Estado protección contra la venta ilegal

Empresarios de la Ciudad piden al Estado protección contra la venta ilegal
6 de Octubre de 2022 | 01:58
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Empresarios platenses acaban de pedir al Estado que, a través de sus organismos con incumbencia, los proteja de la venta ambulante que sigue expandiéndose día a día en la Ciudad. Mientras el comercio regular paga puntualmente impuestos y tasas, los manteros y puesteros evaden el pago de todo tipo de tributo. Salvo operativos esporádicos, la actividad clandestina no encuentra barreras bajas contra su presencia y el fenómeno de la economía informal no deja de crecer.

Una simple observación permite ver que la venta ambulante no para de expandirse. Se ha dicho también, muchas veces, que la mayoría de los puesteros no son de La Plata. Ocurre que en nuestras veredas, plazas y paseos está encendida la luz verde para los puesteros y por eso se ha convertido en una de las ciudades del país con más presencia de ambulantes.

El pedido que realizan los empresarios es al Estado en sus tres jurisdicciones: nacional, provincial y municipal. Todas ellas se ven perjudicadas por la actividad informal, que maneja millones de pesos en pocas horas, sin que las arcas oficiales recauden un solo centavo porque se habla de una actividad en negro, además crecida del contrabando y de la falsificación de marcas, que se planta en cualquier espacio público y desde allí le hace competencia desleal al comercio regular.

“Necesitamos que el Estado nos acompañe a combatir la venta ilegal”, dijo el presidente de la Federación Empresaria La Plata (FELP), que reclamó así mismo la creación de una mesa que apunte a erradicar la venta ilegal en la Ciudad. El empresario se quejó de lo “abrumado” que quedó el comercio local tras la cuarentena del Covid-19 y el fuerte daño que los manteros provocan al sector.

“Por un lado, se busca crear una ciudad atractiva para el turismo y, por otro, los centros comerciales se ven plagados de vendedores ambulantes, que contribuyen al raterismo y cuya mercadería es de dudosa procedencia”, dijo el dirigente.

En esa línea, apuntó contra la habilitación que realizó la Municipalidad de las ferias de vendedores ambulantes de las plazas Italia, Rocha y San Martín, donde inicialmente se sumaron 250 gazebos. El empresario pidió ante concejales platenses crear esa mesa que quedaría integrada por representantes de la Municipalidad, la Provincia y la Nación para unificar un plan de erradicación de la venta ilegal.

También consideró que los comerciantes de la Ciudad se encuentran en un estado de virtual desprotección. “Necesitamos que el Estado nos defienda porque somos nosotros los que damos empleo y los que, con el pago de las tasas y los impuestos, sostenemos la estructura estatal. Queremos sentirnos más acompañados”, concluyó.

Estadísticas certeras realizadas por cámaras nacionales de empresarios dejaron en claro en los últimos años el verdadero auge de la economía informal en La Plata. Por contrapartida, el comercio regular -el que paga alquileres, sueldos, impuestos, tasas, servicios y otras obligaciones- agoniza sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Mientras distritos del Gran Buenos Aires prohíben e impiden la venta ambulante, en La Plata siguen soplando vientos favorables para ella.

El reclamo de los empresarios hacia organismos del Estado para que fiscalice y, en su caso, impida la venta informal en la Ciudad no contiene nada de ilegítimo, sino que, por el contrario, apunta a poner las cosas en su orden. Los comerciantes regulares pagan salarios al personal -se habla de miles de puestos de trabajo, muchos de ellos en riesgo- tributan impuestos y tasas a la Ciudad, a Provincia y Nación, enfrentan el pago de tasas sociales, alquileres y otras múltiples obligaciones relacionadas a los variados requisitos que deben cumplir.

Se han invocado argumentos relacionados a la necesidad de trabajo de mucha gente. Sin embargo, sobran ejemplos demostrativos de la creciente pauperización que origina la venta ilegal y el problema, entonces, debe ser resuelto por otras vías. En esta cuestión queda claro que el Estado debe impedir que los comerciantes regulares, como convidados de piedra, vean cómo a metros de ellos se expande el flagelo del comercio ilegal.

 

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