Un comisario mayor de la Policía bonaerense fue detenido ayer en el marco de la causa por la desaparición de Lucas Escalante y, el crimen de su amigo Lautaro Morello, ocurridos en diciembre del año pasado en el partido de Florencio Varela.
Al momento del operativo, el jefe policial debió ser trasladado a un centro asistencial con un herida de bala en un tobillo, porque se resistió a los tiros ante los efectivos que lo fueron a detener.
Los voceros aseguraron que se trata del comisario mayor Francisco Centurión, exjefe de la Delegación Drogas ilícitas de Quilmes, y padre y tío de dos de los detenidos por el caso.
La detención de Centurión se concretó en horas de lamañana tras un procedimiento realizado por personal de la División Homicidios de la Policía Federal (PFA) a pedido del fiscal del caso, Daniel Ichazo.
Los efectivos policiales se presentaron en la casaquinta de la Calle 1538 al 600, de la localidad de La Capilla, partido de Varela, propiedad de Centurión y la cual ya había sido allanada en varias oportunidades por los investigadores, ante la sospecha de que allí pudieron haber sido privados de la libertad por sus agresores.
Según las fuentes policiales y judiciales, al llegar los federales, Centurión se resistió a los tiros a la detención y terminó herido de un balazo en un tobillo, por lo cual fue trasladado fuera de peligro al Hospital Maternal “Mi Pueblo” de Florencio Varela.
“Fue un disparo intimidatorio realizado por personal de la federal que rebotó en el piso e impactó en el tobillo del comisario”, dijo una fuente judicial.
Tras ser curado de la herida, el comisario -quien al momento de la desaparición de Escalante y Morello se desempeñaba en el área de enlace con Interpol- será trasladado a la Alcaldía de la PFA en la calle Cavia al 3300, del barrio porteño de Palermo, a la espera de ser indagado posiblemente hoy por el fiscal Ichazo, en la sede judicial de Berazategui.
El detenido ya fue desafectado por Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense y, judicialmente, quedó imputado por los delitos de “sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia”.
Por el caso, hay una recompensa de $5 millones para aquellos que aporten datos relevantes.
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