Burford rechazó la postura de Estados Unidos por respaldar a Argentina en la causa contra YPF

En medio de un proceso judicial —que lleva ya una década— de los fondos buitre contra YPF por la causa de la expropiación de la empresa petrolera, Burford Capital criticó la postura de Estados Unidos de apoyar a Argentina. En un escrito entregado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, la firma financiera británica ratificó su reclamo contra el país y apuntó contra el gobierno de Estados Unidos por intervenir como "amicus curiae".

“Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales”, sostuvieron en el comunicado que presentaron desde Burford, la cual compró los derechos litigiosos del grupo Petersen para enjuiciar en la justicia neoyorquina a YPF.

El respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos a Argentina fue considerado por Burford como un acto “sumamente inusual”, y así lo expresó a través de un documento de diez páginas en el que buscó desmontar los argumentos esgrimidos por los fiscales norteamericanos. Para el fondo buitre, el escrito firmado por Jay Clayton y Sean Buckley, en representación del Distrito Sur de Nueva York, no solo se apoya en “premisas erróneas”, sino que además no aporta elementos jurídicos sustanciales.

Desde la empresa deslizaron una sospecha sobre que la posición de Estados Unidos —aunque quizás representada por funcionarios sin peso específico— busca condicionar al tribunal que debe decidir en los próximos días si suspende el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena al Estado argentino entregar su 51% en YPF como parte de la condena.

Desde la Procuración del Tesoro nacional, el organismo que lidera Santiago Castro Videla, relativizan la magnitud de este nuevo capítulo. Señalan que el respaldo del gobierno de Joe Biden a través de la figura del amicus curiae —que se traduce como “amigo del tribunal”— no puede compararse con las posturas adoptadas en el pasado.

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En 2019, durante los gobiernos de Mauricio Macri y Donald Trump, fue ese mismo Departamento de Justicia el que presentó una opinión contraria a la inmunidad soberana que Argentina había invocado en tribunales estadounidenses.

Sin embargo, para Burford, la situación actual es otra: su preocupación pasa porque los funcionarios públicos y la prensa interpreten este respaldo como una señal de que el país podría zafar del pago millonario. Eso, insisten, afecta su capacidad de negociación, y por eso la urgencia en dejar en claro su posición ante la justicia estadounidense.

La Corte de Apelaciones deberá definir si suspende el cumplimiento de la sentencia de Preska mientras se desarrolla el proceso de apelación. En paralelo, se debate el alcance de la inmunidad soberana establecida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés), uno de los pilares del sistema judicial de Estados Unidos en cuanto a litigios con otros Estados.