Ordenan detener a ex senador por subsidios en la Legislatura

La Cámara Penal platense ordenó la detención de un ex legislador bonaerense y de tres ex funcionarios del Senado provincial. La medida fue dispuesta en un dictamen que declaró la nulidad parcial de la resolución del juez de Garantías que había denegado los pedidos de detención formulados por la fiscalía para cuatro senadores y seis ex senadores, todo en el marco de una causa en la que se investiga una presunta estafa con subsidios otorgados a entidades de bien público. Así, además de las detenciones ordenadas, se dispuso que otro magistrado vuelva a evaluar los restantes pedidos de detención.
Los integrantes de la Sala II de la Cámara Penal, Ricardo Szelagowski (h), Sergio Almeida y Armando Correa resolvieron que en la causa se reunieron pruebas para ordenar las capturas -en suspenso, porque están apeladas las eximiciones de prisión- del ex senador radical Héctor Monasterio y de los ex funcionarios de la Cámara alta bonaerense Diego Gonzálvez y Hernando Moris.
En la resolución los camaristas consideraron que el juez Néstor de Aspro -al denegar las detenciones- incurrió en vicios por los cuales se debe declarar la nulidad en forma parcial de su medida. Y por eso dispusieron también que los demás hechos investigados -"sobre los cuales el magistrado ha efectuado una mínima valoración de la prueba, genérica e imprecisa"-, en los que están imputados otros legisladores y ex legisladores, deberán ser analizados por otro juzgado de Garantías.
También consideraron que la decisión del juez causa "gravamen irreparable" a los apelantes (los fiscales de la Unidad de Investigaciones Complejas Carlos Argüero y Esteban Lombardo) y que "del desarrollo de la investigación se extraen elementos que permiten inferir que los fines del proceso podrían frustrarse en el supuesto de no dictarse la medida de coerción requerida" por la fiscalía.
En ese sentido, los camaristas detallaron que "de los testimonios surge que un ex funcionario involucrado en las maniobras descriptas por los fiscales, se apersonó en la casa de uno de los testigos y allí le propuso que previo declarar ante la fiscalía se entrevistaran con un abogado, el cual les iba a decir qué era los que debían deponer y que por ello el ex legislador les iba a dar una suma de dinero".
También precisaron que "el fiscal pidió a Personas Jurídicas el legajo de la asociación Azul Marino (una de las entidades que recibió los subsidios investigados) y allí se informó que el legajo se había perdido".
Los integrantes de la Sala II concluyeron en que de lo expuesto "se desprende que se habría tratado de obstaculizar la investigación mediante el ocultamiento de pruebas y desvirtuando testimonios".

LA INVESTIGACION
La causa se inició el año pasado a partir de la denuncia de un particular por presuntas irregularidades en el otorgamiento de un subsidio que habría sido entregado por Héctor Monasterio -un dirigente radical de Lincoln- cuando cumplía mandato como senador provincial.
A partir de allí la fiscalía amplió la investigación a todos los subsidios otorgados a entidades o asociaciones civiles de cuya existencia se dudaba, precisaron fuentes judiciales.
Los fiscales consideraron en su dictamen que había elementos para presumir que se otorgaron subsidios en forma irregular a entidades que no existirían, por un monto del orden del medio millón de pesos.

LOS IMPUTADOS
En ese marco la fiscalía le pidió al juez De Aspro que ordenara la detención de los ex senadores Monasterio; Eduardo Florio (ex titular del bloque radical de senadores y luego director del Banco Provincia); Adriana Mazzuco; Jorge Young (ex intendente de Pergamino); Ezequiel Rizzi (actual intendente de Cañuelas) y Diego Rodrigo (dirigente de Chacabuco).
Idéntica medida solicitó también para los actuales senadores Juan Plana (ex administrador de Obras Sanitarias, oriundo de San Pedro y enrolado ahora en el ARI), Enrique Marín Vega (de Mar del Plata), Juan Carlos Stávale (de La Plata) y Gustavo Marelli (de Ensenada).
En su dictamen los fiscales consideraron que había indicios para imputar a los mencionados legisladores y ex legisladores la presunta comisión de los delitos de "fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad documental".
El pedido de detención también había recaído sobre los empleados y los funcionarios del Senado bonaerense Moris, Gonzálvez, Gaspar Giangrande, Marisa Iorgovan, Guillermo Munguia, Miguel Carnicer, Omar Vitale, Paula Buscaglia, María Cristina Azcueta y Ricardo Gallo.
Fuentes de tribunales indicaron que en el marco de la investigación la UFIC le solicitó al Senado los legajos sobre los citados subsidios y al ser analizados surgieron sospechas sobre maniobras similares presuntamente concretadas por otros integrantes de esa Cámara.
Los fiscales analizaron cada caso en particular y ordenaron procedimientos en varias localidades del interior de la Provincia para corroborar la existencia de las personas carenciadas o enfermas y las entidades de bien público que aparecían como beneficiarias de subsidios.
Luego de esos procedimientos los fiscales dictaminaron que "en la mayoría de los lugares se descubrió que las entidades que figuraban como receptoras de los subsidios eran 'fantasmas' -en las direcciones que constan en los legajos hay casas particulares, la institución no existe y los vecinos no tienen conocimiento sobre si alguna vez funcionó allí alguna- o existían pero estaban integradas por parientes, allegados a los legisladores o empleados de la Cámara alta".
En la investigación -según el dictamen fiscal- se comprobó que una de las maniobras se habría realizado a través de una fundación benéfica Azul Marino, con sede en nuestra ciudad. Se habría determinado que en la dirección que figura como sede de esa institución no funciona ninguna asociación de bien público y que se trata de un departamento, ubicado en un edificio céntrico, que es alquilado por un actual asesor del bloque radical.
La otra asociación civil bajo sospecha -agregaron las fuentes- es una que lleva el nombre de Leandro Alem, de la localidad de Lincoln, de la cual los investigadores habrían determinado que no existe.
Con el fallo de la Cámara, ahora otro juez de Garantías -la causa pasaría a Guillermo Atencio- deberá analizar el pedido de detención de la fiscalía para el resto de los imputados mencionados y resolver sobre sus situaciones procesales.