Un día después de ordenar la intervención de la empresa hotelera Los Sauces y la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner, el juez Claudio Bonadio dio otro paso y pidió a la sucursal porteña del Banco Santa Cruz que remita toda la documentación vinculada a los plazos fijos y cuentas que la familia Kirchner tuvo en dicha entidad financiera.
El juez dio así lugar a pedido del fiscal Carlos Rivolo con el objetivo de determinar la evolución patrimonial de Los Sauces SA.
Meses atrás, sobre el dinero que los Kirchner depositaron en el Banco Santa Cruz, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reportó que la entidad financiera pagó intereses “exorbitantes” al ex presidente Néstor Kirchner beneficiando así, el incremento de la fortuna familiar.
Bonadio sospecha que hay transferencias de fondos entre Los Sauces SA y la sucesión de Néstor Kirchner. Por eso pidió ahora, según publicó un matutino porteño, que se secuestre toda la documentación entre el 1/1/08 y 31/12/15 relacionada a los certificados de depósito a plazo fijo y sus sucesivas renovaciones, y también toda la información que respalde “las operaciones de Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner”.
Mientras, la ex presidenta Cristina Fernández insistió en acusar al juez Bonadio, que dirige varias causas que le afectan, y al Gobierno de Macri de “persecución” en su contra, “al mejor estilo de la dictadura” que vivió el país entre 1976 y 1983.
En una extensa carta divulgada por Facebook, acusó: “Bonadio, en un nuevo capítulo de lo que ya constituye una clara e inocultable maniobra dirigida desde lo más alto de los Poderes del Estado contra mi persona, la de mi marido fallecido y la de nuestros dos hijos (al mejor estilo de la dictadura) ORDENA INTERVENIR (sic) la sucesión de Néstor Kirchner (la que se encuentra finalizada) y la sociedad familiar Los Sauces SA”, reprocha en su carta.
AVALAN INDAGATORIA
En otro orden, la Cámara Federal porteña avaló ayer la declaración indagatoria que prestó el 31 de octubre pasado la ex presidenta en la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de las empresas del detenido Lázaro Báez.
La Sala I del tribunal rechazó un planteo de nulidad que había formulado la defensa de la ex mandataria a través de su abogado, Carlos Beraldi, quien había estimado que el llamado a indagatoria era “arbitrario”. Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia replicaron que el llamado a indagatoria, como parte de los actos de investigación y como derecho de la defensa de un imputado, son inapelables.
De esta manera, el tribunal de alzada respaldó la validez de la indagatoria ordenada por el juez federal Julián Ercolini y ya cumplida, en el marco de una tanda que incluye a otros 16 imputados.
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