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El Defensor de Casación dr. Mario Coriolano y James Cavallaro, Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron este miércoles en la Ciudad un informe elaborado por dicho organismo internacional con el que se busca brindar ideas para evitar el uso excesivo del recurso de la prisión preventiva. Paula Litvachky, directora del Área Justicia y Seguridad del CELS, también formó parte del panel de oradores.
Denominado “Medidas para reducir la Prisión Preventiva", el compendio de tareas que propone la CIDH explica, entre otros puntos, que existen caminos alternativos, como el uso de tobilleras electrónicas, que podrían reducir el uso de la prisión preventiva lo que tendría efectos muy positivos como la reducción del hacinamiento y de los motines, el ahorro de recursos y la posibilidad de que mientras el proceso esté en curso el implicado pueda seguir trabajando para apoyar a la familia.
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Así lo explicó el comisionado Cavallaro que ofreció una entrevista a JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA en la que brindó detalles de la presentación realizada este miércoles en La Plata. "La CIDH estudia desde hace años el tema de la prisión preventiva en América. Esta tarde (por ayer) lanzamos el informe ante un auditorio de más de 200 personas entre las que participaron autoridades provinciales" detalló Cavallaro.
Añadió al respecto que "el informe está hecho con datos obtenidos en visitas realizadas a doce países y más de cien centros de detención. También contiene la opinión y el testimonio de diversas autoridades, gobernadores, jueces, profesores y estudiosos de todo tipo. Llegamos a la conclusión de que la prisión preventiva es una figura de la cuál se abusa de forma sistemática en el hemisferio sur de América lo que provoca grandes problemas en varios aspectos".
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Detalló que el uso excesivo de la prisión preventiva "facilita el hacinamiento, lo que lleva a motines violencia y condiciones insalubres. Además viola el derecho de las personas que pasan un tiempo sin condena cumpliendo prisión en una comisaría. Destruye y desestructura familias provocando daños serios en los hijos de las personas detenidas. Y lo más importante es que esta forma de encarcelamiento no reduce la criminalidad".
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Destacó que para llevar adelante una reforma de este tipo en la Argentina y en el resto de los países americanos es necesario contar con una voluntad política de asumir el tema aplicando políticas públicas de forma inteligente y no con el populismo punitivo, que puede dar votos, pero no aumenta la seguridad del pueblo".
Concluyó señalando que el llamamiento que hace la CIDH a las autoridades es "a analizar, pensar y estudiar el informe y las recomendaciones sobre lo que se debe hacer para dejar de abusar de la figura de la prisión preventiva".
La actividad estuvo organizada por la Defensoría de Casación de la Provincia en forma conjunta con la Procuración General de la Suprema Corte, el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte, la Cámara de Diputados bonaerense y el Foro Para la Justicia Democrática (FOJUDE).
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La sede del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, calle 13 y 48, fue el epicentro de la presentación que contó con la presencia del Procurador de la Corte, Julio Conte Grand; el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano; la presidenta de la comisión de Relaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados bonaerense, Sandra París y el vicegobernador Daniel Salvador.
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