En el massismo bonaerense opinan que "hay que sacar la hipocresía de la ley penal"

El diputado provincial del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, llamó a "sacar la hipocresía de la ley penal" y lo calificó como "la mitad de camino". Según sostiene el legislador "se debe modificar la totalidad del proceso de modo que diez años de prisión sean diez años de cárcel sin privilegios para nadie".

En este marco precisó que no es la arbitrariedad de un juez lo que permite reducciones en la pena de un condenado sino la ley misma que contempla beneficios a partir del cumplimiento del 50% de la condena: libertad asistida seis meses antes de de que se cumplan los dos tercios de la pena o la promesa juramentada".

"Realmente ha llegado el momento de cambiar este sistema. Tenemos que sentarnos. Hace cuatro años nosotros pusimos sobre la mesa un modelo de código penal. Lo elaboró un equipo que pude coordinar. Allí dijimos que diez años de condena son diez años de cárcel" remarcó Gutiérrez en diálogo con JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA.

Con el aval de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el senador provincial por Cambiemos, Juan Pablo Allan, presentó en la Legislatura un proyecto para modificar la Ley de Ejecución Penal bonaerense para adaptarla a la legislación nacional.

Lo que se busca es reducir la cantidad de casos en los que los jueces otorgan a los condenados por delitos graves beneficios tales como la libertad asistida, régimen del que gozaba el principal acusado del crimen de Abril Bogado al momento del homicidio que fue pèrpetrado este domingo en un sector de Ringuelet.

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Este proyecto contempla que no podrán otorgarse salidas asistidas aquellos condenados por homicidio simple y homicidio agravado; lesiones gravísimas agravadas por alevosía o por violencia de género; delitos contra la integridad sexual; y privación ilegal de la libertad coactiva, entre otras faltas.

A nivel nacional, la nueva ley de Ejecución Penal entró en vigencia el 28 de julio último, con su publicación en el Boletín Oficial, luego de que el Congreso Nacional la aprobara el 5 de julio.

La normativa establece que no podrán pedir beneficios como salidas transitorias o libertad condicional, sino que deberán cumplir toda la pena en prisión, los condenados por homicidio agravado, secuestro seguido de muerte, delitos contra la integridad sexual y robo con armas.