Piden elevar a juicio oral la causa contra José López

El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer el juicio oral y público para el detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, bajo la acusación de enriquecimiento ilícito fundada en los casi 9 millones de dólares que intentó esconder en un monasterio, más una casa en Dique Luján y la compra de un departamento en el barrio de Recoleta.

En el dictamen entregado al juez federal Daniel Rafecas, el fiscal también pidió juzgar como partícipes necesarios del enriquecimiento ilícito del ex funcionario a su esposa, María Amalia Díaz, y a los empresarios Eduardo Gutiérrez, Andrés Galera, Marcos Marconi y Carlos Gianni, según el texto del fiscal.

Además, será juzgada por presunto encubrimiento la monja Celia Inés Aparicio, de 78 años, quien en la madrugada del 14 de junio del año pasado abrió a López la puerta del monasterio de General Rodríguez para que entrara los bolsos cargados de billetes.

Ese día fue detenido López, tras un llamado al 911 del vecino Jesús Ojeda, alarmado al ver una camioneta extraña estacionada en el lugar y a un hombre que arrojaba bolsos por sobre el enrejado del Monasterio.

En los bolsos había 8.982.047 dólares, además de pesos argentinos, euros y dos relojes de lujo.

López, un ingeniero civil que el 20 de octubre próximo cumplirá 57 años, está preso en la cárcel de Ezeiza desde la madrugada de ese día.

El juez Rafecas lo procesó por enriquecimiento ilícito y luego le agregó otras dos acusaciones: por su casa de Dique Luján que no pudo justificar y por un departamento en Recoleta, supuestamente alquilado para su hijastra.

El ex funcionario asumió como secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido el 28 de mayo de 2003 y estuvo en ese cargo hasta el 9 de diciembre de 2015.

Para el fiscal Delgado, tanto el ex funcionario como su esposa -como parte de la sociedad conyugal- “incrementaron notablemente su patrimonio de manera ilícita e injustificada entre el 28 de mayo de 2003 hasta el 15 de junio de 2016”.

Delgado advirtió que todos los bienes detectados “estuvieron bajo la esfera de custodia de ambos: los dos los cuidaron, modificaron o escondieron y también los dos los disfrutaron”

Sobre el dinero, el fiscal explicó que aún se desconoce cómo lo consiguió e indicó que “detectar eso corresponde” a otro juez, Julián Ercolini, en otra causa que investiga delitos en la obra pública kirchnerista.

En cuanto a las propiedades, el juez Rafecas determinó que, tanto la casa como el departamento, son propiedad de López y que usó testaferros para simular alquileres inexistentes.

Por ello serán juzgados Gutiérrez y Galera, supuestos propietarios y rentadores de la casa de Dique Luján y Marconi y Gianni, quienes compraron el departamento de Recoleta para de inmediato alquilarlo a López.

“Ni José Francisco López ni su mujer María Amalia Díaz han podido justificar el origen de los bienes hallados y de la adquisición y remodelación de la casa de Dique Luján”, valuada en 680 mil dólares, sostuvo Delgado.

FONDOS “DE LA POLITICA”

El fiscal remarcó que, “en su declaración indagatoria, López afirmó que los 8.982.047 dólares los tenía escondidos en la casa y que provenían de ‘la política’ sin dar mayores especificaciones al respecto”.

“López y su mujer son los verdaderos dueños de la casa de Dique Luján y vivían allí”, pese a tener firmado un contrato de alquiler que para la Justicia es falso. Y en esa vivienda, al ser indagado en la causa, el ex funcionario confesó haber tenido oculto “en un contrapiso del tanque de agua ubicado arriba de su habitación” los millones de dólares que luego intentó llevar al Monasterio.

“El matrimonio López Diaz tenía conocimiento de la existencia de ese dinero ilegítimo, lo ocultaron en su vivienda y poseían intenciones de hacerlo también en el Monasterio Nuestra Señora de Fátima”, concluyó.

Sobre la monja Aparicio, Delgado sostuvo en su dictamen que López “fue recibido” por ella y que la religiosa “no se mostró sorprendida porque lo estaba esperando”. Delgado recordó que en la causa se demostró que todo fue resuelto por otra religiosa, Alba Día España Martínez Fernández.