Decálogo para una administración de Justicia transparente e igualitaria

La forma en que debe proveerse el servicio de administración de justicia constituye un reclamo social de actualidad. Los principios orientadores tendientes a una Justicia eficiente, transparente e igualitaria son los siguientes:

Eficacia y eficiencia en la gestión: Todos los casos deben ser resueltos a la mayor brevedad posible, se trate de delitos simples o complejos, cumpliendo desde ya las garantías del debido proceso, pues, fiel al adagio popular, la justicia lenta… no es justicia. Cuando la Justicia actúa tarde la pena no cumple su fin: ni modifica los patrones de conductas de quienes delinquen ni da sensación de seguridad al resto de la población.

Celeridad: Respeto a los plazos procesales, evitar demoras innecesarias, seguimiento de pedidos ante otros tribunales y el establecimiento de algunas prioridades según el caso en cuanto a la tramitación, teniéndose en cuenta las causas con mayor urgencia, en función de, entre otros aspectos, si hay personas detenidas, la posible prescripción de la acción penal, el derecho de las víctimas, la trascendencia institucional del caso, sin desatender el universo total de expedientes que tramitan en el juzgado.

Economía procesal: Evitar la realización de medidas o actuaciones no exigidas ni necesarias para la resolución de los recursos que vienen a estudio del tribunal.

Transparencia: Publicidad de las audiencias y comunicación de las sentencias. Utilización de un lenguaje claro y sencillo. De ser necesario, que los jueces expliquen a la sociedad sus sentencias, todo lo cual transparenta la función judicial. Difusión a través de los canales establecidos y medios de comunicación. En este sentido, la recopilación y puesta en conocimiento pública de datos estadísticos del tribunal, como así también de las sentencias, es un instrumento que sirve para medir la gestión cuantitativa y cualitativa del tribunal.

Igualdad de trato: Tanto en lo que respecta a las partes, a los abogados que actúan ante el tribunal, como a imputados, víctimas y familiares que acuden al juzgado en busca de información o asistencia. Garantizar la perspectiva de género y de las personas con algún nivel de discapacidad, tanto en las designaciones como igualdad en la consideración y distribución interna de tareas del tribunal.

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Humanización y respeto al prójimo: Detrás de cada expediente subyace un conflicto penal con imputados y víctimas, las cuales deben ser atendidas teniendo presente su situación física, social y emocional, para garantizar un trato humano.

Presentación de declaraciones juradas patrimoniales: Los jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios (desde secretario o prosecretario letrado, y sus cónyuges, deben presentar la declaración jurada patrimonial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma anual, conforme la ley de ética pública.

Especialización y capacitación: Los jueces, fiscales y defensores se deben especializar y capacitar para luego organizar el trabajo y transmitir sus conocimientos y experiencias a sus empleados.

Rendición de cuentas: Los jueces, fiscales y defensores deben rendir cuentas de sus actos y demostrar su productividad mensual, semestral y/o anualmente ante los organismos de control establecidos por la Constitución Nacional y ante la ciudadanía, para que de esta forma se efectúe un control de gestión judicial que aumenta la productividad en términos de eficacia y eficiencia. En la actualidad, el control no debería desatender las investigaciones por los delitos económicos (particularmente, contrabando, evasión fiscal y lavado de activos), narcotráfico y corrupción.

Protocolo de tareas del juzgado: Establecer un método de trabajo uniforme para la realización de todas las tareas referidas a la tramitación de expedientes en la secretaría del tribunal, mediante la elaboración de organigramas y reglamentos escritos que distribuyan de modo eficiente y equitativo las cargas y responsabilidades laborales entre el personal, y fijen parámetros claros para la realización de las tareas. En tal contexto, se alienta la reevaluación permanente de la eficiencia y eficacia de los procesos reglados, a fin de impulsar mejoras en los mismos. De esta forma se pretende lograr la jerarquización de la administración de justicia como un servicio público fundamental para la sociedad. (CIJ)